El PNV no maniobrará contra la reforma laboral, que avalará si se blinda por ley el marco vasco

No obstante, sus palabras no han hecho mella, al menos en apariencia, en el PNV, que mantiene la presión sobre el Ejecutivo para que se blinde «por ley» el marco vasco de relaciones laborales y la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de ámbito estatal. De lo contrario, advierten en Sabin Etxea, el PNV no votará 'sí' en ningún caso a la reforma laboral, a pesar de que considera que es «un buen acuerdo» que elimina los aspectos más lesivos del texto impulsado por Mariano Rajoy en 2012 y de reconocer que no maniobrará para tumbarla.

La dirección jeltzale no 'compra' los argumentos que Díaz y la patronal vasca han expuesto en los últimos días para apuntalar la idea de que el acuerdo alcanzado ahora no cambia nada y deja «todo como está», es decir, que la prioridad del marco negociado en Euskadi, más ventajoso en general, está «salvaguardada». «Son medias verdades», dicen.

La semana pasada, el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, admitió que hay artículos del texto en los que «la cosa podía haber quedado más clara» pero otros que ya blindan 'de facto' el marco vasco, y recordó el histórico acuerdo que la patronal vasca firmó en 2017 con ELA, LAB, CC OO y UGT para dar preferencia al ámbito vasco de negociación colectiva. Ayer mismo, el presidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, Tomás Arrieta, consideró que «se ha perdido la oportunidad» de «mejorar» la legislación y «establecer más claramente» la prevalencia de los convenios vascos, aunque consideró que la regulación actual ya los protegía.

«Este es un debate muy interesante. Voy a ser prudente. Comprendo las razones de las distintas formaciones políticas y creo que el Gobierno de España, como hace siempre, va a dialogar, dialogar y dialogar», abundó, críptica, Díaz en una entrevista en 'El País', en línea con la disposición que ayer manifestó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tramitar la reforma como proyecto de ley, lo que abriría la puerta a la admisión de enmiendas. Moncloa sabe que si se enroca en no tocar «ni una coma» como exige la patronal puede arriesgarse a que el Congreso lo tumbe, y confía en que sea suficiente con introducir cambios mínimos. El burukide Koldo Mediavilla insinuó el fin de semana pasado en su blog personal que la posición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, obedece a presiones de Pablo Casado.

Al PNV, en todo caso, no le basta con la protección de la que ya gozan los convenios vascos, basada en un acuerdo, el de 2017, que en cualquier momento las partes pueden abandonar. El marco legal, en cambio, obliga, recalcan en Sabin Etxea, y evita a futuro conflictos como el que se produjo en su día con el convenio del sector de colectividades. «El blindaje legal ya estuvo vigente en 2011 y no dio ningún tipo de problema», abundan en Sabin Etxea.

¿Quiere eso decir que el PNV se cierra a la abstención? No necesariamente, aunque la posición oficial es que, hoy por hoy, «estamos más cerca del 'no'». De hecho, en privado se admite que es difícil que tumben la reforma si la convalidación acaba dependiendo de sus seis escaños. El horizonte está muy abierto, teniendo en cuenta que Cs se postula para salir en auxilio del Ejecutivo. La clave está una vez más en los trece diputados de ERC, más que en los de EH Bildu, a priori muy atada por la presión de ELA y LAB. En un artículo en 'Público', Arnaldo Otegi insistía ayer que rechazarán la reforma si no se «desestataliza» la negociación colectiva y se ponen más trabas a los despidos.

Lo que sí tienen claro en Sabin Etxea es que ni se alinean con el bloque de la izquierda soberanista ni con el PP, que negó ayer estar sondeando a los jeltzales y a Esquerra para hacer descarrilar la reforma. «Vamos a votar en contra por coherencia, sin preocuparnos de lo que hagan los demás», aseguró Javier Maroto. «Nadie nos ha dicho nada pero no vamos a entrar en maniobras raras por intereses partidistas», avisó el PNV.