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La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán beneficiará, entre otros, a los dirigentes del 'procés', a los doce miembros de los CDR procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, a los diez encausados por los disturbios promovidos por Tsunami Democràtic en ... el otoño de 2019 y a los policías procesados por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de 2017.
Carles Puigdemont. El líder de Junts y ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos en los tribunales. En el Supremo está procesado por delitos de desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración para poder avanzar hacia el juicio.
También es uno de los 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'. La Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana, por su parte, les pide hasta 5 millones de euros.
Y, por último, la Audiencia Nacional ha dirigido contra él la causa donde se investigan como posibles delitos de terrorismo los disturbios provocados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic tras la sentencia del 'procés'.
Oriol Junqueras. El líder de ERC y exvicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en junio de 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó la sedición. Encausado en el Tribunal de Cuentas.
Artur Mas y Francesc Homs. El expresident y su exconsejero fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de 1 millón de euros en intereses) por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Están en la causa abierta en el mismo órgano fiscalizador por los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'.
Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el Supremo por delitos de desobediencia y malversación por el 1-O. Llarena también aguarda a tomarle declaración indagatoria. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra y el instructor espera a que el TJUE se pronuncie sobre posibles medidas cautelares para reclamar su entrega a Bélgica. También está encausado en el Tribunal de Cuentas.
Clara Ponsatí (Junts). La exconsejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenida hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. En su caso, ya no tiene orden de detención nacional y, al estar acusada de un delito sin cárcel, no es posible cursar euroorden. Encausada en el Tribunal de Cuentas.
Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el Supremo por desobediencia y malversación. El instructor del 'procés' tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria. Desde el pasado junio podría haber reclamado su entrega a Bélgica. Encausado por el órgano de Cuentas.
Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece prófuga en Bélgica, está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic.
Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el Tribunal Supremo a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Serán parte de los juzgados por el Tribunal de Cuentas.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El expresidente de la ANC y el de Òmnium Cultural, respectivamente, fueron condenados por el Supremo a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el TS revisó sus casos por la citada reforma penal, sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, un cambio que supuso la extinción de sus inhabilitaciones. Son otros de los encausados en el Tribunal de Cuentas.
Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la expresidenta del Parlament y los exconsejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. Sus condenas de cárcel fueron indultadas por el Gobierno y sus casos examinados tras el último cambio del Código Penal, lo que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación implicó la extinción total de sus penas de inhabilitación. Encausados por el Tribunal de Cuentas.
Anna Gabriel. El Supremo procesó a la exdiputada de la CUP en el Parlament por un delito de desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Tras permanecer fugada en Suiza, el año pasado se presentó en el alto tribunal, que concluyó sumario y envió la causa a la Audiencia de Barcelona.
Meritxell Serret. La consejera de Acción Exterior de la Generalitat también se entregó al Supremo regresando desde Bélgica en 2021 y el pasado abril fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia por su participación en la organización del 1-O.
Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el exconsejero de ERC se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por 'Voloh', el caso que indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. También forman parte de los imputados en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic.
Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó.. La consejera catalana de Cultura, el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern, respectivamente, están a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.
Miquel Buch.. El exconsejero de Interior fue condenado a 4 años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña.
Lluís Escolá.. Fue condenado a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.
Terrorismo.. La norma dejará sin juicio oral a los doce miembros del Comité de Defensa de la república (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional participaron en cortes de carretera y planeaban asaltar el Parlamento de Cataluña.
Cargas del 1-O. Queda por saber de qué manera afectará a 45 policías que fueron procesados el pasado mes de enero por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona por las cargas que se produjeron el 1-O en la ciudad condal y a otros 28 agentes y guardias civiles con otra causa en Girona.
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