El lehendakari reprocha a Sánchez que pusiera «en duda» el Estatuto

De hecho, el lehendakari incluyó la consecución de «más y mejor autogobierno» entre las prioridades del nuevo curso -junto a la energía y los Presupuestos- y consideró que el cumplimiento íntegro del Estatuto es igualmente prioritario para la «sociedad vasca».

Urkullu no ocultó su «preocupación» por el punto de congelación en que permanecen las negociaciones para desbloquear nuevos traspasos. Pero prefirió no entrar a valorar hasta qué punto Sánchez mira hacia otro lado porque sabe que tiene la sartén por el mango con un PNV que, por sus propios intereses, en ningún caso le va a dejar caer.

En presencia de todos sus consejeros, incluidos los del PSE, el lehendakari reprochó a Sánchez que, en el debate del estado de la nación previo al parón estival, pusiera «en duda» la «adecuación constitucional» del Estatuto al escudarse en la necesidad de analizar la «viabilidad» de los traspasos pendientes de acuerdo al marco jurídico vigente.

«Me llamó la atención y es lo que denuncio como lehendakari», subrayó, tras recordar que, de los seis traspasos que integran el bloque en negociación, solo se ha abierto una «interlocución bidireccional» sobre los ferrocarriles de cercanías. En las otras cinco materias sobre las que el Ejecutivo de Vitoria ha remitido «propuestas de acuerdo» -meteorología, fondo de protección a la cinematografía, gestión del litoral, migración y salvamento marítimo- no ha habido respuesta de Moncloa, lamentó.

También incidió en los litigios abiertos en los tribunales contra leyes vascas, por ejemplo, la norma antipandemia o el traspaso del IMV, y en las laminaciones del autogobierno a través de la legislación estatal en asuntos tan diversos como la agencia de salud, las pruebas de la antigua selectividad, la formación profesional o el desarrollo reglamentario de los servicios de extinción de incendios.

«Sigo pensando que si hay voluntad el acuerdo es posible esta legislatura», insistió Urkullu, que defendió que la toma de decisiones sea «más compartida» y que se implante una verdadera «gobernanza multinivel. «Corresponde al Gobierno español cumplir su palabra», recalcó.