La legislatura que ha cerrado el lehendakari este jueves al convocar las elecciones para el 21 de abril ha sido, en lo económico, la de los cisnes negros. Y es que tras la pandemia, la estructura empresarial vasca ha tenido que hacer frente a cuatro ... crisis con fenómenos del todo imprevistos: una pandemia, un atasco en las cadenas de suministros, una crisis de precios y una energética por la guerra de Ucrania. Todo aderezado con la gestión de los fondos europeos, el impulso a la transición energética, la falta de determinados perfiles profesionales y la lucha contra la pérdida de arraigo de las compañías vascas.
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La suma de todos estos acontecimientos ha dejado un escenario de desaceleración económica con el que Euskadi ha estrenado este 2024. Pero con síntomas de fortaleza que permiten esquivar la recesión y apoyar la recuperación del PIB perdido por el coronavirus –cayó en el 2020 hasta un 10%– . Además, el empleo ha llegado a récords históricos. En el País vasco los afiliados a la Seguridad Social se mantienen por encima del millón de personas con un crecimiento de 60.000 trabajadores desde julio de 2020. La tasa de paro está por debajo del 8%, unos parámetros desconocidos desde 2008. Y es que el empleo no solo se ha reforzado, sino que ha sido una de las palancas para la economía elevando el consumo interno. Este elemento, reflejado en el IVA, y la actividad de las empresas, muy sólida en 2021 y 2022, han hecho que la recaudación de las haciendas vascas haya llegado a su techo histórico.
El pasado 2023, las diputaciones cobraron en impuestos 18.212 millones, un 30% más que en 2020, cuando el confinamiento provocó un descenso en los ingresos fiscales del 9,8%. Quizá sea la reforma fiscal una de las asignaturas pendientes en lo económico. Aunque la competencia recaiga en las diputaciones, es innegable el liderazgo político del Gobierno vasco en este campo. La fiscalidad es un elemento clave en la competitividad para atraer empresas que ha dejado esta legislatura choques dialécticos entre el propio Iñigo Urkullu y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La crisis de precios, especialmente grave en 2022 por el impacto de la guerra de Ucrania, llevó al Gobierno a lanzar numerosas ayudas tanto a empresas de gran consumo energético como a los sectores más afectados. Esta crisis energética y el impulso a las renovables provocado por la financiación de la Unión Europea han sido otro de los ejes de la política económica de la legislatura. Tras 18 años sin que se levante un parque eólico en Euskadi sigue siendo una de las prioridades. Además de los proyectos impulsados en renovables por el Ejecutivo, la aprobación de la Ley de Cambio Climático puede proporcionar un consenso político para desatascar estas actuaciones. El objetivo es elevar la generación renovable del 10% actual a un 30% en 2030.
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Por otra parte, la pérdida de arraigo empresarial es junto a la captación y retención de talento el otro caballo de batalla. Euskadi ha seguido perdiendo empresas y las que se quedan han alejado sus centros de decisión. En esta legislatura, por ejemplo, desaparecieron los accionistas vascos en Euskaltel, adquirida por MásMóvil. También ha sido testigo del hundimiento de Gamesa. Adquirida al 100% por su matriz alemana y sacada de la Bolsa, atraviesa graves pérdidas. Además, el peso de la economía vasca en el PIB español sigue a la baja. El 6,3% de 2000, era un 5,9% en 2020 y un 5,89% en 2022.
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