Solo ciento treinta penados

No existe un estudio definitivo sobre los efectos económicos de cincuenta años de violencia terrorista, pero sí aproximaciones como las recogidas por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto en la obra 'Misivas del terror' que cuestionan las palabras de Azpiazu. Si nos limitamos a contemplar la curva que dibuja el crecimiento en Euskadi desde principios de los 60, podríamos llegar a la conclusión de que ETA no nos empobreció materialmente. Es quizá en lo que se ha fijado el consejero de Economía. Pero no habría que dejarse llevar por una ucronía muy enrevesada para constatar que el terrorismo hizo perder oportunidades, malogró proyectos, deslocalizó voluntades y empresas.

No sólo resulta pertinente la pregunta de qué habría sido de la economía vasca sin ETA. Contamos con infinidad de datos y testimonios que relacionan el «drama humano» con decisiones e indecisiones que restaron riqueza al país. Contra lo que Azpiazu apunta, de que se habría instalado en la conciencia colectiva la idea errónea de que ETA nos empobreció económicamente, ocurrió todo lo contrario. Prevaleció la sensación de que el terrorismo no nos afectaba en lo material. ETA perduró en buena medida por eso. Porque la parte del país en que enraizó llegó a pensar –necesitaba hacerlo– que aquello salía gratis. Los terroristas formaban parte de la Euskadi del bienestar, como lo hacen sus herederos.

En su VIII Asamblea General, celebrada el 6 de marzo en Astigarraga, Sare afirmaba que «la política de alejamiento ha finalizado 34 años después de su implantación». Por lo que daban inicio a la segunda fase para que los presos de ETA «puedan alcanzar la libertad, a través de la aplicación de la legislación ordinaria», y «no para que se les continúe aplicando una legislación penitenciaria de excepción». La red que dirige Joseba Azkarraga se adelantaba así unos días al anuncio de Instituciones Penitenciarias.

Según Etxerat, a 22 de marzo había 69 presos de ETA en la cárcel de Zaballa, 30 en Martutene, 23 en Basauri, 7 en Pamplona, uno en una casa de acogida ubicada en Euskadi, y 16 en arresto domiciliario. Solo cinco estaban en cárceles españolas fuera de Euskal Herria. Uno de ellos en el penal de El Dueso, en Santoña. A partir de ahora toda la presión se dirige hacia el Gobierno Urkullu. Pero ya es muy baja.

El último asesinato de ETA fue hace trece años. La banda armada se autodisolvió hace cinco. Entre el paulatino cumplimiento de las penas impuestas a los condenados y la prescriptibilidad –aun en discusión– de los delitos con resultado de muerte cometidos en nombre de ETA antes de 2010, la carga heredera por la izquierda abertzale se aligera con solo ciento treinta penados. Lo que contribuye a su blanqueamiento. A que Mertxe Aizpurua pueda mostrarse preocupada en el Congreso por la desafección ciudadana hacia la política y glosar las mejoras sociales con las que su grupo ha demostrado ser internacionalista solidario hacia los habitantes del resto del Estado español.