Sánchez y el fascismo

A Sánchez se le olvidó mencionar que, como miembro del Consejo Europeo, tuvo que admitir el nombramiento de Raffaele Fitto -«el hombre de Meloni en Bruselas»- como vicepresidente en la Comisión Europea. Al presidente no le quedó otra cuando, además, se sienta inevitablemente junto a Giorgia Meloni en el CE. Sánchez advirtió el miércoles del riesgo de que retroceda la democracia. Pero la denuncia no es suficiente. Y menos si se vuelve ventajista. Parece necesario articular estrategias políticas que prioricen el mantenimiento del marco de derechos y libertades vigente a costa de intereses partidarios cortoplacistas. Tanto el PSOE como el resto de las formaciones que sostienen al Gobierno han recurrido a Vox y a la existencia de una internacional ultraderechista para significarse como barrera única frente a su ascenso. Apelando al «cordón sanitario» que representarían en exclusiva. El avance de acuerdos postelectorales en distintas comunidades autónomas entre el PP y Vox, tras el escrutinio del 28 de mayo de 2023, estuvo en la base de la reacción electoral de los socialistas en las generales del 23 de julio de aquel mismo año. Y especialmente de su decidida negativa a conceder a Feijóo la oportunidad de formar un gobierno en minoría. En coherencia con el «no es no» de Sánchez a la investidura de Rajoy como candidato más votado en 2016.

Sólo que a la responsabilidad contraída por el PP de Núñez Feijóo al brindarse a una política de alianzas con Vox, cada día más contradictoria, ha de añadírsele la incapacidad electoral y la renuencia política mostrada por la socialdemocracia de Sánchez para hacer efectivo el «cordón sanitario» que predica. Lo que el presidente denominó «fascismo» está en las instituciones por sufragio universal, y no se le puede echar de ellas apelando a que podría hacerse con el poder democráticamente para subvertirlo en autocracia. No toda acción pretendidamente «antifascista» se vuelve por ello democrática. El registro de una proposición de ley socialista «frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» se inscribe en una táctica demasiado victimista y unilateral para que contribuya a 'más democracia'. Empezando porque una vez más es el partido y no el Gobierno el que asume la iniciativa para eludir los informes jurídicos preceptivos sobre un articulado que se dirige a anular los procedimientos en marcha respecto a Begoña Gómez y el hermano del presidente.