Un juzgado suspende el último congreso de EA y deja sin efecto la designación de Blanco y su equipo

Compromisarios electos para el congreso de Eusko Alkartasuna a los que se les impidió su participación impugnaron el XIII Congreso Nacional de la formación celebrado en febrero e interpusieron demanda judicial «por graves irregularidades cometidas» por la dirección de Blanco, solicitando la adopción de medidas cautelares para la suspensión de los acuerdos adoptados en el mismo, a lo que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vitoria ha accedido, por «evidenciar dichas irregularidades».

El sector crítico, autodenominado Garaikoetxeista, asegura que las consecuencias inmediatas del auto 263/2022 son de «enorme calado» en el seno de EA, ya que quedan suspendidos los nuevos estatutos aprobados en febrero y todos los nombramientos realizados en dicho congreso, por lo que seguirían vigentes los nombramientos de las personas que configuraban la Ejecutiva Nacional, el Consejo Nacional, la Comisión de Garantías y la Asamblea Nacional previos a dicho Congreso.

Nuevamente un auto judicial anula el nombramiento de Eba Blanco como secretaria general del partido, que forma parte de la coalición EH Bildu. Los críticos recuerdan que el Juzgado ya obligó a EA a repetir las primarias de 2019 «en las que se aparcó injustamente a Maiorga Ramirez vulnerando su derecho fundamental a la participación y autoproclamando a Blanco secretaria general». Esta vez, la anulación se hace extensiva a todo su equipo, muchos de ellos liberados con carácter profesional como Iker Ruiz de Eguino, responsable del área jurídica y portavoz, o Asier Gómez Barrenetxea, secretario de Comunicación. El auto se refiere también a la labor de la parlamentaria Leire Pinedo, quien dirigió el Congreso junto con Eba Blanco.

Todos los nombramientos de los responsables territoriales y locales de los que quedaron fuera los representantes del sector Garaikoetxeista quedan sin efecto y volverían a manos de los responsables elegidos directamente por la afiliación y que son del citado grupo crítico en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, así como los responsables de Gipuzkoa, Álava y Navarra.

Ante esta decisión judicial, la actual dirección de Eusko Alkartasuna, encabezada por Blanco, ha asegurado que no comparte el auto de medidas cautelares dictado por el citado juzgado gasteiztarra. La formación, que se encuentra estudiando los términos del escrito del juzgado para valorar la posibilidad de recurrirlo, recuerda que se trata de un auto de medidas cautelares, «es decir, no es una sentencia y el juzgado no ha entrado en el fondo del asunto».

EA se reafirma por ello en que el Congreso Nacional de febrero «cumplió escrupulosamente» con la normativa interna del partido y asegura que así lo defenderá en el procedimiento judicial correspondiente.

El sector oficial aclara en una nota que el auto de medidas cautelares «no afecta a la convocatoria» y remarcan que el Congreso Nacional fue convocado «correctamente, en tiempo y forma, sin que haya ningún pronunciamiento judicial que haya invalidado la Asamblea Nacional en la que fue convocado».

Considera además que hay un grupo de afiliados que «intenta ganar en los juzgados lo que no ha conseguido ganar democráticamente en los congresos nacionales celebrados en 2016, 2017 y 2022». «No aceptan la apuesta política realizada de manera reiterada por la mayoría de la afiliación de Eusko Alkartasuna a favor de EH Bildu», aduce.

Cita también que el sector crítico «ya dejó claro» en la enmienda a la totalidad que presentó a la ponencia política «que su objetivo era la destrucción del proyecto político de EH Bildu». Entiende que la judicialización de la vida interna de Eusko Alkartasuna «responde a este fin».