Justicia vincula el permiso a la exjefa de ETA 'Anboto' a una reforma de Rajoy

La titular de Justicia realizó estas declaraciones en el homenaje que el Ayuntamiento de Ermua rindió ayer a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplen ahora 27 años. 'Anboto' también ha sido procesada por ese crimen, ya que formaba parte de la cúpula de la banda que dio la orden de secuestrar y matar al joven concejal popular en 1997.

Los permisos a Soledad Iparragirre fueron concedidos en la anterior legislatura, cuando el área de Justicia estaba en manos del PNV. Se trataba de que pudiera salir para visitar a su madre enferma en el hospital de San Sebastián en el que recibía tratamiento. Cuando fue dada de alta volvió al caserío de la familia en la localidad guipuzcoana de Eskoriatza. Las instituciones penitenciarias vascas han permitido a la reclusa salir de prisión y acudir una vez al mes a esta vivienda para estar con su madre durante dos horas. En todos los viajes ha contado con custodia de la Ertzaintza.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, la consejera de Justicia -recién llegada al cargo tras la conformación del Gobierno vasco entre el PNV y el PSE y todavía en el proceso de traspaso de la gestión con el anterior equipo- afirmó que se enteró de los permisos recibidos por la dirigente etarra a partir de la publicación en este periódico de la noticia. «Le he pedido al viceconsejero de Justicia que recabe información y me ha trasladado que se trata de un permiso extraordinario por razones humanitarias». Según precisó, esta posibilidad de salir de la cárcel «se concede a esta presa y a otros presos también» en función del citado cambio legal aprobado en 2012.

La transferencia de la competencia de instituciones penitenciarias al Gobierno vasco se llevó a cabo en 2021, aunque de manera paulatina se había producido el acercamiento de presos de la banda a prisiones de Euskadi y Navarra. En marzo de 2023 todos los reclusos de ETA se encontraban ya en cárceles vascas y navarras, lo que supuso el fin definitivo de la política de dispersión que había estado en vigor durante 34 años.

La gestión por parte del Gobierno vasco de los presos de ETA ha generado varias polémicas en estos años. Una de las más consistentes en el tiempo ha sido la concesión de terceros grados -una situación que equivale a la semilibertad- a los reclusos, que fueron recurridos por la Fiscalía al entender que no se daban las condiciones para que los miembros de la banda recibieran esa medida de gracia. En una veintena de casos se produjeron estas disfunciones que obligaron a los internos a regresar a las prisiones vascas tras haber salido a la calle.

De la misma manera, la concesión de permisos a miembros de la organización terrorista para que pudieran abandonar por unas horas la cárcel ha generado en algunos casos un fuerte debate. El más polémico fue el otorgado el año pasado a Mikel Otegi, el etarra que mató a sangre fría a dos ertzainas en Itsasondo tras regresar de una noche de fiesta y que fue condenado en 2012 a 34 años de prisión. Otegi pudo abandonar la prisión de Zaballa sin custodia policial para acudir al dentista. Asociaciones de víctimas y los sindicatos de la Ertzaina Erne, Esan y Sipe mostraron su consternación por este tipo de medidas.