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La magistrada de la Audiencia Provincial de Álava Elena Cabero mostró ayer el camino de la cárcel a Alfredo De Miguel, exnúmero 2 del PNV alavés y considerado cerebro de la mayor trama corrupta del País Vasco. En un auto de cinco páginas, la ponente ... de la sentencia que el 17 de diciembre de 2019 le condenó a 9 años de cárcel por once delitos le ordena «cumplir sin demora» su ingreso en prisión. Cierra así tres años de alegaciones que llegaron al Supremo. El alto tribunal ratificó en enero esa primera sentencia.
Con todo, a De Miguel le queda una última bala para demorar unos días lo inevitable. Se trata de un «recurso de súplica» que retrasara su entrada en un centro penitenciario «hasta la segunda quincena de julio», matizan fuentes conocedoras del caso. En la misma situación se encuentran dos de sus colaboradores más estrechos, los exburukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Ambos también recibieron idéntica respuesta de la autoridad judicial.
De Miguel lo ha intentado todo para sortear el paso por una celda. Tiene pendiente una petición de indulto al Gobierno central y había solicitado suspender su condena hasta que Madrid decidiera. Sin embargo, la jueza Cabero se muestra tajante en este punto. Advierte de la gravedad de sus actos, que ocurrieron hace casi quince años. El auto recalca que «el solicitante ha sido condenado por hechos graves (once delitos) como contrataciones públicas indebidas, recalificaciones de terrenos, asignación de obras públicas previo pago de comisiones ilícitas y otras más».
Remarca la magistrada alavesa que, para levantar ese entramado corrupto, De Miguel se aprovechó «de su posición de poder en la Diputación de Álava (era el titular de Administración Local) y asimismo de su posición dentro del partido político que estaba representando (el PNV)».
Esta resolución apunta que su entrada en la cárcel -probablemente, Zaballa, a quince kilómetros de Vitoria- es una cuestión de días. «Estos hechos han generado un sentimiento de alarma en la sociedad y este factor debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir sobre la suspensión solicitada que, recordemos, es excepcional».
Tampoco acepta esta jueza adscrita a la Audiencia Provincial de Álava el argumento de que De Miguel cuenta con un par de hijos a su cargo y dependientes económicamente de su salario. «Quedó acreditado que la esposa del solicitante (condenada a penas menores por su implicación en esta red) trabaja y los dos menores de edad estarían atendidos».
Idéntico tono emplea con Ochandiano, quien reclamó la suspensión por cuestiones médicas. «El informe del forense valora que sus patologías orgánicas (trastorno ansioso depresivo) no pueden considerarse una enfermedad muy grave y puede realizarse un seguimiento dentro del centro penitenciario». Tumba a su vez la petición de Tellería, quien también alegó complicaciones de salud.
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