La Justicia da 72 horas a De Miguel y Ochandiano para que entren en prisión

La jueza Elena Cabero, la misma que hace una semana denegó la suspensión de sendos ingresos, firmó las dos providencias el pasado martes y ha sido ahora cuando se les ha entregado a los interesados, con lo que el plazo empieza a correr oficialmente. En el documento, se les insta a entrar voluntariamente en un centro penitenciario en tres días, «bajo apercibimiento de que en caso contrario se darán las órdenes oportunas» a la Policía para su detención y conscuente encarcelamiento.

De Miguel, el cerebro de la trama, lo ha intentado todo para sortear el paso por la celda. Tiene pendiente, de hecho, una petición de indulto al Gobierno y había solicitado suspender su condena hasta que Madrid decidiera. Sin embargo, la jueza Cabero ya se mostró tajante la semana pasada. En un auto, advirtió de la gravedad de sus actos, que ocurrieron hace casi quince años. El documento recalca que «el solicitante ha sido condenado por hechos graves (once delitos) como contrataciones públicas indebidas, recalificaciones de terrenos, asignación de obras públicas previo pago de comisiones ilícitas y otras más».

Remarcaba la magistrada alavesa que, para levantar ese entramado corrupto, De Miguel se aprovechó «de su posición de poder en la Diputación de Álava (era el titular de Administración Local) y asimismo de su posición dentro del partido político que estaba representando (el PNV)». También apuntaba a los efectos sociales que había suscitado: «Estos hechos han generado un sentimiento de alarma en la sociedad y este factor debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir sobre la suspensión solicitada que, recordemos, es excepcional».

Tampoco aceptaba esta jueza adscrita a la Audiencia Provincial de Álava el argumento de que De Miguel cuenta con un par de hijos a su cargo y dependientes económicamente de su salario. «Quedó acreditado que la esposa del solicitante (condenada a penas menores por su implicación en esta red) trabaja y los dos menores de edad estarían atendidos».

Idéntico tono empleó con Ochandiano, quien reclamó la suspensión por cuestiones médicas. «El informe del forense valora que sus patologías orgánicas (trastorno ansioso depresivo) no pueden considerarse una enfermedad muy grave y puede realizarse un seguimiento dentro del centro penitenciario». Tumbó a su vez la petición de Aitor Tellería, otro de los principales condenados, quien también alegó complicaciones de salud.