Junts y ERC enseñan los dientes a Sánchez para condicionar decretos y Presupuestos

Puigdemont ya advirtió de que el Gobierno sufrirá algún susto durante la legislatura. Los junteros se ratificaron este viernes, si no hay cambios, en que votarán en contra de los tres reales decretos aprobados por el Gobierno y que se someterán a su validación en el Congreso la semana que viene. Hace semanas que los postconvergentes amenazan con tumbar estas iniciativas legales del Ejecutivo, que debería buscar una mayoría diferente a la de la investidura para sacarlas adelante. Ayer se reafirmaron en su negativa, tras una reunion celebrada el jueves entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Ambos dirigentes, que han labrado una buena relación tras la trabajosa negociación de la investidura, intentaron acercar posturas, pero sin acuerdo.

Turull trasladó al número tres    del PSOE que los suyos se mantienen en el no y que, salvo giro, se pronunciarán en contra de las intenciones del Gobierno. Los de Puigdemont temen que uno de los decretos, que sella –atendiendo a Europa– que las cuestiones prejudiciales elevadas a los tribunales de la UE paralizan, hasta su resolución, las causas nacionales, pudiera poner en peligro la aplicación de la amnistía. Además, creen que los otros dos podrían invadir competencias autonómicas, una posición en la que coinciden con el PNV. También consideran que podrían agravar la financiación de la Generalitat.

La formación soberanista catalana amenaza así con tumbar la primera votación de la legislatura, un serio aviso al Gobierno que depende de los votos de los grupos independentistas. El propio Puigdemont amenazó a los socialistas, en una conversación informal en Bruselas con el líder del PP europeo, Manfred Weber, con tumbar los Presupuestos o incluso apoyar una moción de censura del PP.

Junts, a la espera del resultado de próximas reuniones de la mesa de diálogo en Ginebra con el mediador internacional, mantiene la tensión negociadora con el PSOE para escenificar quién lleva la batuta de la legislatura y para que se den pasos en los compromisos adquiridos para la investidura. La ley de amnistía ya está en trámite parlamentario, pero Junts exige avances en «la resolución del conflicto», con el objetivo de un referéndum, y en el reconocimiento de Cataluña como nación.

En concreto, el Congreso votará la semana que viene la convalidación de tres decretos del Gobierno. Uno, ómnibus, incluye otros apartados relacionados con fondos europeos y la transformación digital de la justicia; un segundo del Ministerio de Trabajo y un paquete de medidas para luchar contra la crisis. El más polémico para Junts es el de la justicia. Contempla un cambio normativo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual las causas judiciales quedarán paralizadas cuando un magistrado plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en Luxemburgo. Junts teme que el Supremo u otro tribunal haga lo propio con la amnistía, cuya aplicación quedaría en suspenso hasta el pronunciamiento del TJUE.

El Gobierno niega que se trate de una medida 'ad hoc' para la amnistía y atribuye todo a «un malentendido», dado que, a su juicio, «no ha habido ningún cambio» sobre los efectos de las consultas de los jueces españoles a Europa. El ministro Bolaños ha garantizado a Junts que el real decreto no paralizará la amnistía.

El partido de Puigdemont puede dar un primer susto al Gobierno, pero no puede tensar la cuerda más de lo quisiera –por ejemplo en los Presupuestos– hasta que la ley de amnistía esté aprobada y Carles Puigdemont pueda regresar libre de cargos. La cercanía de las elecciones catalanas (dentro de un año máximo) podría llevar a los postconvergentes a elevar su tono contra los socialistas en los próximos meses.

La competencia de Junts con ERC es muy fuerte. Los republicanos también aprietan al Gobierno con los Presupuestos y advierten de que las Cuentas de Sánchez están condicionadas a las de la Generalitat. Si no las hay en Cataluña, no las habrá para el Estado. Esta es la amenaza que lanza ERC, rechazada de entrada por el PSC. El año pasado, ambas partes negaron el intercambio de cromos, pero este acabó produciéndose. Esquerra, que trata de agotar la legislatura en Cataluña, lo ha puesto esta vez sobre la mesa.