Los arrestos que sepultaron a los disidentes de la izquierda abertzale

Estos grupos habían nacido en 2014, tres años después de que la banda anunciara el fin de los atentados. Sin una fuerza coercitiva como había sido ETA, muchos críticos con el proceso de abandono de la violencia comenzaron a alzar su voz contra las decisiones de Sortu. Además, la 'kale borroka' regresó con sabotajes como la quema de autobuses o pintadas en sedes del PNV, PSE o PP. De forma paralela, algunos de los presos más violentos y con condenas más largas les mostraron su apoyo.

En 2015, esta disidencia contempló como la izquierda abertzale sufría un batacazo en las elecciones municipales. En esta situación, ATA llegó incluso a anunciar un 'proyecto político', una especie de amago de plan para presentarse a las elecciones. La tensión con Sortu llegó a denuncias de agresiones por parte de los militantes'oficiales' en las calles de San Sebastián. El discurso de ATA se endureció y en 2016 incluso la Fiscalía General del Estado alertaba en su memoria anual de la necesidad de vigilar de cerca a la disidencia, a la que vinculaba con un rebrote de la 'kale borroka'.

La izquierda abertzale pasó de ignorarles a poner cerco a sus acciones. Los presos que les apoyaban fueron expulsados del colectivo de reclusos de la banda y se les negó ayuda económica o jurídica. Las fotos de estos internos fueron retiradas de las herrikos, un gesto simbólico pero cargado de significado. ATA comenzó entonces a contratar a abogados de los Grapo y a realizar declaraciones cada día más contundentes contra la izquierda abertzale e incluso llamaron «chivato» a Arnaldo Otegi.

Pero para entonces la izquierda abertzale, en las elecciones autonómicas de 2016, había demostrado que podía mantener su base electoral y este sector apenas le erosionaba. Había conseguido ser la segunda fuerza política con 18 parlamentarios.

En marzo de 2017 se produjo la manifestación de Pamplona. Los disidentes la convocaron en la única capital gobernada por EH-Bildu, en un claro intento de crear contradicciones. Ese sábado, según se relató ayer en el juicio, las personas que disfrutaban de la tarde de un día festivo se vieron sobresaltadas por un grupo de encapuchados que comenzó a sembrar el terror en las calles con piedras y artefactos incendiarios. Cuatro jóvenes de Rentería fueron detenidos por su presunta participación en los hechos, algo que los procesados han negado.

Estos arrestos pusieron a ATA en la picota. Los alcaldes de Rentería y de Pamplona, ambos de EH-Bildu, hicieron público un comunicado conjunto en el que mostraron su preocupación por «el ejercicio nostálgico y de banalización de la violencia» que ejercían ciertos sectores, en una referencia implícita a ATA. Los padres de los arrestados difundieron también un documento en el que rechazaban cualquier expresión de violencia y anunciaba que no admitirían «injerencias manipuladoras ni violentas» por parte de nadie. En muchos foros comenzó a acusarse a los disidentes de actuar de una forma violenta que solo iba a volver a llevar a militantes a la cárceles cuando la intención de la izquierda abertzale era precisamente vaciar las prisiones. Es sintomático que su abogado de los cuatro procesados sea el histórico de la izquierda abertzale Iñigo Iruin, en plena sintonía con las declaraciones de los padres los procesados.

A partir de los incidentes de Pamplona ATA radicalizó su mensaje y, por ejemplo, calificó de rendición el desarme de la banda y criticó todos los movimientos con los que la izquierda abertzale intentaba desvincularse de su pasado violento. A finales del año pasado los disidentes incluso rompieron con el colectivo de reclusos de ETA. Para entonces su círculo se había estrechado y su capacidad de actuación era prácticamente nula. Hace unos días reconocieron que tan solo seis presos de un colectivo de trescientos les apoya. . Su duro discurso había sido demasiado incluso en las filas de la izquierda abertzale.

Su presencia es hoy en día residual. Su líder Jon Iurrebaso, un exetarra que participó en las conversaciones entre la banda y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, participará próximamente en un acto con Pablo Hasel, el rapero comunista condenado a dos años de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a las Corona . Otro de las cabezas visibles del grupo de disidentes, el exboxeador y expreso por violencia callejera Sendoa Jurado, ha escrito un comunicado en el que protesta por ser uno de los afectados por la operación de la Audiencia Nacional en la que se han embargado cuentas y bienes de los procesados por terrorismo que tenían pendiente hacer frente a los pagos por la responsabilidad civil de sus actos. Jurado reconoce que esta decisión judicial les ha «jodido» y, en la práctica, pide dinero «para que unos pocos no lo den todo».