«Estamos jugando con fuego, el descrédito del Constitucional deslegitima el sistema»

- Se cumplen 44 años de la Constitución española. ¿Está en peligro el espíritu de concordia nacional con que se redactó?

- Hasta ese punto no se ha llegado, creo. Tendríamos que ser cautelosos al valorar el gran logro histórico que representa la Constitución, como un acuerdo que ha logrado articular un sistema político plenamente homologable democráticamente durante un largo período, además. Sí hay un ambiente político cainita y de fractura que está introduciendo en el sistema unas tensiones realmente peligrosas. El único colchón que atenúa ese riesgo es nuestra integración en la UE.

- ¿Están atentando partidos e instituciones contra la letra de la Carta Magna?

- No contra la letra, pero sí contra las convenciones constitucionales, es decir, los hábitos y costumbres que se van implantando en el sistema y que lo enriquecen. Eso se está rompiendo en algunos ámbitos muy concretos.

- ¿Por ejemplo?

- El que más me preocupa es la colonización partidista de los órganos de control.

- ¿La politización del Tribunal Constitucional puede acabar contaminando el sistema de garantías español?

- Pedro Cruz Villalón, uno de los más sólidos referentes del constitucionalismo, viene advirtiendo de que estamos corriendo el riesgo de la irrelevancia del Tribunal Constitucional (TC). Me explico. Seguirá teniendo sus competencias, derogará artículos de leyes aprobadas o las validará, pero su credibilidad política y social está debilitándose enormemente.

- ¿Los juegos de poder y las intrigas entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TC para encumbrar a sus candidatos son indicios de una crisis institucional sin precedentes?

- Personas que tienen que ser sustituidas y dejar de ser miembros del TC están participando en una decisión que supone el alargamiento de su mandato. Por tanto, estamos en una situación gravísima de crisis institucional en la que todas las partes están jugando un juego muy peligroso. El Constitucional viene sumando en los últimos tiempos razones a su descrédito, como la primera sentencia sobre el estado de alarma, algo que va a contribuir, por desgracia, a un deterioro profundo y a una deslegitimación del sistema democrático. Estamos jugando con fuego.

- ¿Y no ha cruzado Pedro Sánchez líneas rojas al nombrar a un exministro de Justicia y a otra ex alto cargo de Moncloa para el Tribunal Constitucional?

- Tenemos un problema muy grave, cuya responsabilidad es del PP, que es el bloqueo de la renovación del CGPJ. Es muy tramposo intentar llegar a unas elecciones que hipotéticamente ganarían ellos y así conectar dos Consejos nombrados por una misma mayoría. Pero luego el Gobierno, no sé si a propósito o no, responde de una forma torpe. El primer Constitucional fue intachable. Pero cuando los partidos descubrieron el poder que tenía empezaron a fastidiarse las cosas. PSOE y PP empezaron a nombrar crecientemente a personas de absoluta obediencia partidista...

- ¿Hay otra alternativa?

- La mayoría parlamentaria se va a acabar reflejando en la composición de estos órganos. Pero tiene que hacerse bien. Lo que es exigible es que se nombren personas profesionalmente intachables. El caso más extremo fue el empeño del PP en forzar el nombramiento de Enrique López, que ni siquiera cumplía los requisitos. No es el Gobierno del PSOE el que ha inaugurado ahora de la manera más zafia esta tradición.

- ¿Le achaca alguna responsabilidad?

- Frente a la actitud obstruccionista del PP, debería haber aprovechado para cambiar el paradigma de nombramiento de los miembros del TC. De ello depende su credibilidad.

- ¿Es complicado hacer pedagogía sobre la anulación del delito de sedición cuando es evidente, y así lo ha reconocido incluso ERC, que se ha impulsado por motivos estrictamente políticos?

- El delito de sedición tiene una malísima trayectoria histórica y los países europeos con mejor tradición democrática lo han excluido de su ordenamiento. Ahora bien, la alternativa no puede ser la impunidad. El problema es que hemos llegado a un nivel de confrontación política en el que ya nada se puede plantear de forma razonable y racional.

- ¿Coquetear con la reforma de la malversación no agrava el asunto?

- El fin no justifica los medios. La gestión adecuada de los caudales públicos es un requisito democrático ineludible. Otra cosa es que se pueda clasificar en distintos niveles de responsabilidad penal.

- ¿Hasta qué punto le preocupa el galimatías de rebajas de condenas a agresores sexuales en función de la autonomía en que se radique el tribunal?

- Es absolutamente natural. Al final es el Supremo el que establece una doctrina. Lo que me preocupa es que, cuando se elaboró la ley, eran plenamente conscientes de que se podían producir pequeñas rebajas de condena. Y sin embargo, la ministra de Igualdad lo atribuye al machismo de los jueces. Otro ejemplo de discurso político autocomplaciente que no para en límites al deslegitimar al sistema.

- ¿Está el patio para promover reformas en el sistema autonómico?

- Es indispensable si no queremos ahondar en el riesgo de suicidio como sistema de convivencia. Las mayorías exigibles no permiten reformar la Constitución, de acuerdo, pero, ¿tampoco es posible reformar el sistema de financiación de las autonomías? De los países descentralizados, España es, de lejos, el que más conflictos de competencias tiene, lo que demuestra que tenemos un problema en el diseño. Hemos hecho lo más difícil. ¿De verdad no van a ser capaces los partidos mayoritarios de resolver esos últimos flecos?

- ¿Le da pena que la reforma del Estatuto que redactó, entre otros, esté guardada en un cajón?

- Ese texto demuestra lo que es posible articular con un consenso político amplio. La cuestión es si los partidos quieren o no mantenerlo. Y, sí, es una pena porque la sociedad vasca corre serios riesgos, aunque algunos no quieran verlo, de fracturas internas.