La jueza que pedía otra política penitenciaria

La jueza formó parte, en 1986, del grupo de ocho magistrados de la Audiencia de Barcelona que votó a favor del procesamiento de Jordi Pujol por el asunto de Banca Catalana. Perdió aquella votación –los 33 compañeros restantes se posicionaron en contra del procesamiento–, lo que motivó que la querella de la Fiscalía, calificada por el propio Pujol como una jugada indigna del Gobierno central, quedara archivada. Este gesto no influyó posteriormente en sus relaciones con el poder político de Cataluña. Fue en aquella época cuando el currículo de esta mujer de una pieza, apasionada de los viajes, adquirió una gran resonancia. Robles puso en marcha en la Ciudad Condal las primeras unidades de policía judicial, consiguió también implantar, con carácter pionero, los juicios rápidos, y dictó la primera condena en España por delito ecológico.

La autoexigencia desmedida la extiende también a sus colaboradores, lo que no le ha granjeado excesivas simpatías. «Ni aguanto ni me aguantan», ha declarado en relación a su soltería. Sin embargo, la unanimidad es prácticamente total al analizar su valía profesional, incluso entre sus detractores. Su brillantez ha suplido la inflexibilidad, hasta el punto de que ha sido pionera en casi todo. La mejor de su promoción de jueces; la primera mujer en presidir una sala judicial; la primera presidenta de una audiencia provincial, la de Barcelona; la primera secretaria de Estado de Interior; y la segunda portavoz del PSOE en el Congreso, tras Soraya Rodríguez. Su paso por el Supremo, en 2004, se hizo notar. De hecho, su despedida para convertirse en diputada fue un portazo en forma de recusación al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por privarle de su condición de magistrada al pedir la excedencia.

Robles lucha sin descanso por lo que considera justo, con independencia de que hacerlo le suponga ir a la contra y tensar la cuerda al límite con sus 'contratadores'. Que se lo pregunten a los dirigentes del PSOE que la llamaron a principios de los 90, cuando se intentaba echar paladas sobre la 'guerra sucia' contra ETA con Felipe González como presidente del Gobierno. Lejos de subirse a ese tren, la entonces 'número dos' de Interior se implicó sin titubeos en el 'caso Lasa y Zabala', puso en la picota al hasta entonces intocable general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y tuvo que gestionar la fuga del exdirector del instituto armado Luis Roldán. Días después de testificar en la Audiencia Nacional en el 'caso Gürtel', el expresidente Mariano Rajoy lanzó a Margarita Robles un duro reproche en un crispado cara a cara en el Congreso: «Usted también compareció como testigo por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala», le lanzó ante la protesta de la bancada socialista.

Robles no se reconoce en el habitual retrato que hacen de ella. Y es que la portavoz socialista en la Cámara baja se define como una firme defensora del diálogo en la búsqueda de acuerdos. Así quedó al menos acreditado durante el proceso de paz que impulsó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fue una de las escasas voces en el mundo de la judicatura que defendió sin ambages las conversaciones con los dirigentes de ETA. La diputada socialista mantiene una excelente relación con el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y siempre que ha tenido oportunidad ha alabado la entrega de los jueces en Euskadi. «No se han dejado presionar en ningún momento por la situación de violencia», ha subrayado.

Margarita Robles ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de diseñar otra política penitenciaria. Tras el alto el fuego de la banda terrorista, siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, aseguró que la política de dispersión debía ser «revisada» en un contexto de «cese de violencia y esperanza» e incluso añadió que con el final del terrorismo la Audiencia Nacional «no tenía razón de ser», una consideración que, reconoció, no era compartida entonces «por la inmensa mayoría de los ciudadanos y de la judicatura». Sin embargo, con el paso de los años ha modulado y endurecido su mensaje sobre la gestión de las prisiones. Recientemente, manifestó que el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista no se puede negociar –lo dijo en plenas conversaciones entre PP y PNV para aprobar los Presupuestos– y que aproximar a los internos a centros penitenciarios cercanos al País Vasco «siempre» tiene que ser un procedimiento «individualizado».