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iñigo fdez. de lucio
Sábado, 7 de agosto 2021, 00:27
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sentará en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras ... cuatro personas por el presunto amaño de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf. Están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas.
Junto a González serán juzgados el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Estos dos últimos son hermano y cuñado, respectivamente, de quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015.
Según se desprende del auto del juez, en 2006 González y de Miguel se valieron de sus cargos públicos de máximo nivel dentro del ente público Canal de Isabel II para «asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo». Esta empresa, según el escrito del magistrado, carecería de todo medio para poder ejecutar los trabajos contratados.
Como resultado de las dos presuntas adjudicaciones irregulares, TCT habría obtenido un beneficio de 504.780 euros. «Esa contratación del todo punto innecesaria e irregular fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones», concluye el auto.
La Fiscalía pide para González 6 años de cárcel, según el escrito de acusación que emitió hace unas semanas, al igual que la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CC OO de Madrid y el Ayuntamiento de la capital (que también ejercen la acusación en esta causa). Esta es la tercera causa derivada del 'caso Lezo' por la que se juzga a González. Las otras dos son el presunto fraude en la compra de una empresa brasileña por parte del Canal en 2013 y la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007. La Fiscalía pide 12 años de prisión.
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