El juez revela nuevos vínculos de Puigdemont con el Kremlin en la investigación de la trama rusa del procés

El instructor del llamado 'caso Voloh', que investiga las supuestas interferencias del Kremlin en el procés, sitúa en el epicentro de esta trama al ex dirigente de CDC, Víctor Terradellas, y al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ambos estrechos colaboradores del ex presidente fugado en Waterloo.

Aguirre, en el auto con el que reactiva esas investigaciones sobre las injerencias de Putin, concluye que Rusia tenía interés en el 'procés' por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea» y, sobre todo, por su obsesión en «establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Cataluña si éste se independizaba de forma unilateral de España». Trabajando ya en esa estrategia -revela el juez- el entorno de Puigdemont había comenzado ya a trabajar para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos».

El instructor, que parece abrir la puerta a acusar a Puigdemont por alta traición en puertas a la aprobación de la ley de amnistía, insiste en la «abundante documentación» con «datos que identifican a personas» y que «confirmarían las estrechas relaciones personales existentes» entre varios miembros del equipo del líder de Junts con «individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana», entre los que se encontraban cargos diplomáticos o miembros de los «servicios secretos rusos».

Según el relato del juez, la operación del Kremlin también buscaba usar a Cataluña, una vez independiente, como ariete contra la UE si se iniciaba una «guerra entre la Unión Europea y Rusia«. El magistrado, que da a entender que Moscú pudo incluso filtrar a los dirigentes independentistas sus planes de invadir en un futuro Ucrania, llega a afirmar -a la vista de «algunos mensajes encontrados en el teléfono móvil del investigado Víctor Terradellas»- que «la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa» iba era «el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) (sic)para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea» en el que una Cataluña independiente y pro-rusa hubiera tenido un papel central.

Afirma el juez que esa maniobra de Putin también podría tener como objetivo «producir la salida de España de la unión Europea por causa de la independencia unilateral de Catalunya apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción».

Tanto en este sumario como en el juicio sobre el procés ya aparecieron menciones sobre la promesa del Gobierno de Moscú de aportar 10.000 soldados o mercenarios para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio ejército como país independiente. Según una conversación grabada entre Terradellas y otro dirigente secesionista, Puigdemont se quedó «anonadado» por esa oferta, pero «se cagó en los calzoncillos» ante el ofrecimiento de que tropas rusas entraran en Cataluña.

Aguirre indaga desde octubre de 2020 las injerencias rusas en Cataluña en el marco de una investigación que originariamente era sobre el desvío de fondos públicos para financiar el órdago independentista. A raíz de la a intervención de teléfonos móviles de 18 de los implicados se fueron conociendo los vínculos de Puigdemont y su entorno con el Kremlin antes, durante y después del referéndum del 1-0.

De hecho, el propio Puigdemont llegó a tener el 27 de octubre de 2017, día de la declaración unilateral de independencia (DUI) una reunión con intermediarios rusos, entre ellos Nikolay Sadovnikov, - supuestamente enviado por Putin, según consta de la investigación judicial- en la vivienda oficial del presidente de la Generalitat. En este encuentro, en el que también estuvieron Elsa Artadi y Víctor Terradellas, los intermediarios rusos, además de prometer los mercenarios, se ofrecieron a ayudar a pagar con criptomonedas los 77.740 millones de euros de deuda pública que Cataluña tenía con España.

En su declaración ante el juez, Terradellas confirmó que los emisarios de Moscú ofrecieron soldados y dinero pero quitó hierro a esas propuestas y aseguró que Puigdemont «consideró estos ofrecimientos como una broma de mal gusto y no dio crédito a las ofertas».