El juez del 'caso Ghali' no cede y pone en aprietos al Gobierno

En un auto con fecha del 7 de octubre, el magistrado asegura que con el sobreseimiento del 'caso Ghali' se está pidiendo «un juicio anticipado que solo procedería en el caso de que 'el hecho material' fuera inexistente». Defiende que ese supuesto no puede aplicarse a este proceso, ya que «hasta la parte solicitante reconoce que ha existido».

Responde así a la Abogacía del Estado contra la que carga con dureza por invocar de forma «parcial» el acuerdo Schengen, que establece una serie de normas que la Unión Europea establece para la circulación de personas entre fronteras. El artículo en cuestión establece que los Estados miembros pueden eximir de la obligación de cruzar los pasos fronterizos a personas en el supuesto de que exista alguna necesidad especial, siempre que estén en posesión de las autorizaciones requeridas. Sin embargo, Lasala recuerda que en esos casos «no debe haber conflicto con intereses de orden público o seguridad interior de los Estados miembros», algo que no se cumple en el caso de Ghali. Además, la República Árabe Saharaui Democrática «no está reconocida por ninguno de los Estados del Espacio Schengen», destaca.

Sobre que el Gobierno alegase razones humanitarias para justificar la llegada del líder del Frente Polisario, el juez señala que el Ejecutivo debió notificárselo a los demás Estados miembros. «Algo que no solo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada 'fuera discreta'».

Este no es el primer encontronazo entre la Abogacía del Estado y el magistrado Rafael Lasala. Ya chocaron cuando el juez llamó a declarar como investigada a González Laya. Durante el tenso interrogatorio, la exministra se puso de perfil y evitó desvelar si alguien más en el Gobierno estaba al tanto de la llegada en secreto de Ghali para tratarse de covid en un hospital de Logroño. «Como ministra de Exteriores tengo una obligación de reserva para proteger un deber superior que es la seguridad y defensa de los intereses de España. No se trata de poner excusas», dijo, escudándose en razones de seguridad nacional para evitar dar detalles.

Laya defendió en todo momento que la entrada del líder del Frente Polisario fue una decisión «política» que respondía a «razones humanitarias». «Todo se ha hecho conforme a la ley», subrayó.

El juez, sin embargo, le reprochó que se negara a responder y en su auto incide en que una de las cuestiones que se enjuicia es si hubo un control de pasaporte a su entrada en el país. «La omisión de control de pasaportes» puede «dejar abierta la puerta a la hipótesis de que pudiera entrar con una documentación falsa o que pudiera causar problemas», señala.

Mientras, PP y Vox solo ven un intento de Laya de encubrir a Sánchez. Por eso, esta misma semana volverán a llevar el 'caso Ghali' al Congreso. El partido liderado por Santiago Abascal quiere forzar la comparecencia del presidente Sánchez para dar cuenta sobre este asunto, algo más que improbable dada la mayoría parlamentaria de la que goza el Ejecutivo de coalición.