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Las negociaciones para la convalidación por el Congreso de la reforma laboral pactada por empresarios y sindicatos entran en su semana final sin que el Gobierno de coalición haya conseguido garantizarse los votos necesarios para que su real decreto prospere. A pesar de que los ... cambios pactados cuentan con el aval de la CEOE, de la FAES de Aznar o de la exministra de Trabajo Fátima Báñez por tratarse de una reforma limitada, no de la derogación completa que prometieron las izquierdas, el PP de Casado sigue en su 'no es no' a cualquier iniciativa que cuente con el aval del Ejecutivo Sánchez.
El Gobierno sólo tiene, pues, dos alternativas para sacar adelante un texto que exigía Bruselas parar librar las millonarias ayudas prometidas para salir de la crisis provocada por la pandemia. Persuadir a sus socios de investidura. O recurrir a una fórmula más compleja: lograr el 'sí' de la agonizante Ciudadanos junto a algunos apoyos y abstenciones de sus aliados de investidura. Y, una vez más, han aparecido los problemas.
Cualquier ciudadano medianamente informado -un grupo cada vez más limitado- sabe que la CEOE no acepta que se toque ni una coma del pacto. Pese a ello, el PNV y las cuatro formaciones soberanistas presentes en la Cámara Baja (ERC, EH Bildu, el BNG gallego y la CUP catalana) amenazan con tumbar la reforma si no se atienden sus demandas.
Los jeltzales exigen la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales, pero en los últimos días han aceptado que ello se recoge al margen de la reforma laboral. Independentistas catalanes, gallegos y vascos van más allá. Ayer dieron un ultimátum al Gobierno, y de manera singular a la vicepresidenta Yolanda Díaz, para que acepten sí o sí la exigencia del PNV y, además, que las indemnizaciones por despido vuelvan a ser de 45 días por año trabajado.
Con una parte notable de su base social compuesta por trabajadores es evidente que estas formaciones, en especial ERC y el BNG arriesgan, y no poco, si su voto tumba una reforma parcial, pero que recupera importantes derechos de los trabajadores, y permanece la normativa que aprobó el PP de Rajoy en solitario atendiendo exclusivamente a los intereses del empresariado. ¿Entonces? Los independentistas prefieren ignorar, por ahora, a sus propios votantes con tal de propinar un buen bofetón político a Yolanda Díaz. A fin de cuentas, la dirigente comunista aspira a liderar un frente amplio -que sigue absolutamente en mantillas- que competirá electoralmente en las urnas con todos ellos.
El Gobierno, como decía antes, tiene otra vía para que la reforma laboral no descarrile: que Ciudadanos la apoye junto a los grupos menores de izquierdas. Ello unido a algunas abstenciones permitiría respirar a Sánchez y Díaz.
La formación naranja, consciente de que puede ser su penúltima oportunidad de no desaparecer, ya ha anunciado su apoyo. Si será o no suficiente es, de momento, una interrogante. Si finalmente Inés Arrimadas y los suyos salvan al Gobierno significará el inicio de un nuevo ciclo político basado en la geometría variable. Sánchez y los suyos saben de los peligros que ello encierra. Pero los nacionalistas también son conscientes de lo que representa, incluido el riesgo de que el Ejecutivo caiga y el siguiente inquilino de La Moncloa sean la derecha (PP) o las derechas (PP y Vox). Atentos a cómo se resuelve este asunto.
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