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No hace ni diez días que en el PSOE se mostraban convencidos de que el viento había empezado a soplar a su favor. Se sentían ... muy cómodos cabalgando sobre un discurso centrado en la fiscalidad, la subida de las pensiones y del salario mínimo o aprovechando la crisis de la sanidad pública madrileña para confrontar con su antagonista por antonomasia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero las tornas han cambiado. Primero fueron los señalamientos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio en la frontera con Melilla; luego la decisión de Pedro Sánchez no ya de suprimir del Código Penal el delito de sedición sino de considerar una eventual rebaja de penas por malversación para satisfacer a ERC y, por último, los problemas de la ley del 'sólo sí es sí'.
La posición de los socios en las cuestiones de política económica y social era más o menos monolítica. Con Marlaska, en cambio, el principal partido del Gobierno se quedó solo. Y tanto el debate sobre la malversación como la polémica suscitada por las primeras rebajas de penas decididas por los jueces en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual han abierto grietas en el propio PSOE, dentro de Unidas Podemos y con los principales aliados del bloque de investidura, que ya se han desmarcado de la negativa rotunda de la ministra de Igualdad, Irene Montero, respaldada después por Sánchez, a cambiar la ley.
Ni siquiera las formaciones que comparten con Montero y su partido que el problema no es la ley sino un sistema judicial corroído por el machismo y el conservadurismo, como ERC o Bildu, respaldan el empecinamiento en no corregir un texto legal del que es responsable todo el Ejecutivo pero también la mayor parte del Parlamento, ya que salió adelante con 202 votos a favor y solo el PP y Vox en contra. Las dos formaciones independentistas -los republicanos con más razón porque en su día presentaron dos enmiendas que no prosperaron con el objetivo de evitar reducciones de penas como las que se están produciendo- se mostraron partidarios de revisar la norma.
Barones críticos
Con estos mimbres, la propia portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se preocupó de dejar claro que no comparte la estrategia de su socio de coalición. «Hay que mantener siempre el respeto absoluto a la acción de los jueces», dijo. Se atuvo, sin embargo, a la línea marcada por el jefe del Ejecutivo el miércoles desde Bali y en lugar de abundar en la necesidad de analizar en profundidad si es preciso hacer ajustes legislativos defendió esperar a que los tribunales y la Fiscalía «unifiquen doctrina». Pero esa postura, que implica esperar un tiempo indeterminado, genera un claro nerviosismo en el PSOE.
A la primera señal de alerta lanzada el martes por la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, y secundada el miércoles por la portavoz de la ejecutiva, Pilar Alegría, se sumaron ayer un buen número de barones. Esta vez, los avisos no vinieron de críticos habituales como Emiliano García-Page y Javier Lambán ni de dirigentes algo distanciados como Ximo Puig, que también, sino de líderes territoriales siempre fieles a Sánchez como el asturiano Adrián Barbón.
La reforma urgente de la ley se perfila como la salida menos mala para evitar que futuras condenas por agresión sexual tengan «menos penas» al haberse bajado los máximos con esta norma. La propuesta partió ayer desde el Consejo General del Poder Judicial y algunas asociaciones de jueces. Al mismo tiempo, las Audiencias Provinciales del País Vasco, Madrid, Zaragoza y A Coruña han convocado reuniones a partir de la próxima semana con el fin de unificar criterios a la hora de estudiar posibles reducciones de penas.
La Fiscalía General del Estado también movió ficha aunque con márgenes de actuación muy reducidos. El departamento dirigido por Álvaro García Ortiz ordenó a los fiscales superiores que le remitan la información para tratar de unificar doctrina «dando clara prioridad de amparo a las víctimas».
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