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Primero como secretario de Paz y Convivencia y después como responsable de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, por las manos de Jonan Fernández (Tolosa, 1962) ... han pasado durante las dos últimas legislaturas todos los planes presentados por el Gobierno vasco sobre el final del terrorismo, el desarme de ETA o el acercamiento a cárceles vascas de los presos de la banda. También la coordinación y orientación de las políticas de víctimas y memoria, tanto de grupos terroristas como del franquismo, y todos los asuntos que han cobrado importancia reciente relacionados con el yihadismo, la libertad religiosa o la acogida a los refugiados.
Desaparecida ETA definitivamente en mayo de 2018, el lehendakari Urkullu, según ha podido confirmar EL CORREO, da por cumplida esa etapa de Fernández, una de las personas de su máxima confianza, que cesará en los próximos días al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. Sus competencias pasan a integrarse, posiblemente bajo una viceconsejería, en el remodelado macrodepartamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que lidera Beatriz Artolazabal.
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Eso no debe interpretarse, ni muchísimo menos como un castigo al excoordinador general de Elkarri, muy cuestionado por el PSE, ni anticipa tampoco su salida del Gabinete. Todo lo contrario. Fernández se mantendrá en el 'núcleo duro' de Urkullu en Lehendakaritza con «nuevas funciones», según fuentes de toda solvencia. El decreto de estructura del nuevo Gabinete, que se publicará hoy en el Boletín Oficial del País Vasco, reduce considerablemente los 'tentáculos' de la administración adscritos a Lehendakaritza, que pasa a volcarse, sobre todo, en la coordinación de planes estratégicos e interdepartamentales, en innovación e internacionalización.
En el departamento de Presidencia, auténtico corazón del Gobierno, se mantendrán los más estrechos y fieles colaboradores de Urkullu. A saber, el secretario general de la Presidencia, Txus Peña, principal muñidor junto al socialista Ekain Rico del acuerdo de coalición suscrito por PNV y PSE; la actual responsable de Acción Exterior, Marian Elorza, y, cómo no, Fernández. La conexión con Urkullu fue inmediata desde que empezaron a trabajar juntos y, desde entonces, el lehendakari ha ido reforzándole con nuevas responsabilidades y, dándole, en definitiva, más poder. Ambos apoyaron juntos a los llamados verificadores del desarme de ETA y viajaron al Vaticano en dos ocasiones para tratar sobre el final de la banda y exponer su plan de acogida de refugiados. Algunas de las funciones que el decreto atribuye a Lehendakaritza, y que podrían recaer en Jonan Fernández, son, por ejemplo, el impulso a la gobernanza colaborativa, la agenda 2030 o la innovación.
Las competencias en materia de memoria y presos dejan, por lo tanto, de depender de Lehendakaritza, una decisión que Urkullu ha mantenido en los últimos ocho años para subrayar su directa implicación en el final del terrorismo y su cercanía a las asociaciones de víctimas, con las que ha protagonizado un lento deshielo. La antigua Secretaría, un rango que solo existe en Presidencia, se remodelará a las órdenes de Artolazabal y será ella quien nombre a su futuro responsable y al del instituto Gogora, hasta ahora dirigido por Aintzane Ezenarro, que queda igualmente adscrito a su departamento. Una 'supercartera' que gana peso político e incorpora también a Emakunde, hasta ahora en Lehendakaritza.
El papel de Gogora, hasta la fecha, se centraba más en el apoyo y reconocimiento a las víctimas del franquismo, mientras que la dirección de Monika Hernando se volcaba en los damnificados por el terrorismo. Las atribuciones del instituto, sin embargo, se verán reforzadas esta legislatura, ya que, ante la insistencia de los socialistas, los jeltzales han accedido a que asuma las funciones de la fallida ponencia de Memoria, que ha funcionado en el Parlamento a trompicones, con polémica y con la ausencia del PP. Los populares sí se sientan en cambio en el consejo de dirección de Gogora, que deberá ahora responsabilizarse de la elaboración de un diseño transversal de la Euskadi post ETA. Una tarea que en la Cámara no daba más de sí por las resistencias de la izquierda abertzale y suponía un elemento permanente de desgaste al Gobierno.
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Artolazabal asume las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, además de Gogora y Emakunde, que estaban en Lehendakaritza.
Medio Ambiente y Transportes. Arriola asume Infraestrcuturas y Transportes con la salvedad de la Dirección de Puertos. Tapia recibe Medio Ambiente
Trabajo y Empleo. El departamento de Mendia pierde Justicia, que asume Artolabal, y no asume la dirección de Juventud, asociada a Empleo la pasada legislatura.
Nombramientos. El goteo empezará a partir de la semana que viene, una vez juren los consejeros mañana y se celebre el primer Consejo de Gobierno.
El decreto de estructura ofrece detalles jugosos sobre las atribuciones del Gabinete. Por ejemplo, en el 'cambio de cromos' entre las consejerías de la jeltzale Arantxa Tapia y el socialista Iñaki Arriola. La primera asume Medio Ambiente, una 'patata caliente' por los desafíos del cambio climático y los ecos del derrumbe de Zaldibar que hasta ahora gestionaba el primero. El titular de Vivienda, por su parte, recoge las competencias en materia de Infraestructuras y Transportes que ya gestionó en la etapa de Patxi López, y que incluyen la esperada llegada del TAV a las capitales vascas.
No obstante, hay una rama de ese bloque que Tapia logra expresamente retener: la dirección de Puertos y Asuntos Marítimos. Aunque depende del Estado, Euskadi la gestiona e incluye los deportivos, los pesqueros y los superpuertos de Bilbao y Pasaia. La argumentación oficial es que estos últimos son claves en el «desarrollo industrial» del país, lo que aconseja que no se desgajen de Desarrollo Económico. Además, quien ejerce esa competencia nombra a los presidentes del puerto de Bilbao (actualmente Ricardo Barkala) y de Pasaia, donde el que lo era hasta julio, Félix Garciandía, presentó su dimisión a Tapia al denunciar injerencias «políticas».
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