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El PNV es consciente de que, en el hipotético caso de que el Parlamento vasco saque adelante una reforma del Estatuto y obtenga el beneplácito ... del Congreso, algún actor político −llámese PP o Vox, seguramente− acudirá a la vía judicial para tratar de frenarlo. La herramienta sería un recurso de inconstitucionalidad previo a la celebración del referéndum popular, último paso para su aceptación definitiva. Y la mera presentación de ese recurso acarrearía la suspensión automática de la reforma, incluso de la consulta, hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara, para lo que tendría un plazo límite de seis meses.
En fin, un laberinto que los jeltzales quieren evitar a toda costa. Por eso defenderán este miércoles en el Congreso una proposición de ley para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra reformas estatutarias. Se trata de una figura en vigor desde 2015, cuando PP y PSOE pactaron recuperarla tras suprimirla en 1985. En ese intervalo de tres décadas se produjo la polémica del Estatut catalán, algunos de cuyos términos recortó el TC seis años después de que la ciudadanía los avalara en referéndum. Populares y socialistas decidieron recuperar el sistema anterior para tratar de neutralizar futuros choques de legitimidad.
En opinión del PNV, en cambio, esta fórmula también «acarrea riesgos» porque favorecería que los responsables políticos hicieran «negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo». Dicho de otra forma, la formación nacionalista considera que incentiva la judicialización de conflictos puramente políticos. La proposición de ley también incluye la rebaja de los castigos a cargos públicos que desoigan los pronunciamientos del Constitucional. Se impondrían multas de 600 a 3.000 euros en lugar del actual sistema, que llega incluso hasta la suspensión de funciones.
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