La jefa de la Fiscalía Europea carga contra España por las trabas para darle recursos

La jefa de la Fiscalía Europea puso un ejemplo gráfico con el 'caso Koldo', la presunta trama de comisiones por la adquisición de mascarillas en plena pandemia, que se instruye en un juzgado central de la Audiencia Nacional. Exclamó que «no se puede aceptar» que el Tribunal Supremo decante la competencia del caso en favor de la Audiencia «por la falta de recursos» en la Fiscalía Europea, cuyo cometido central es investigar el fraude de fondos comunitarias, presentes en algunos contratos bajo sospecha.

Kövesi quiso dejar claro que lo que necesitan son unidades policiales adscritas a la delegación española para poder instruir con efectividad, ya que de momento en Justicia han hecho caso omiso a esta concesión pese a llevar tres años trabajando en España. «Queremos nada más y nada menos lo que ya existe en España con la estructura de la Fiscalía Anticorrupción. Soy una gran fan de este modelo», admitió.

Esos medios, según Kövesi, impedirían en un futuro que la Fiscalía Europea se quedase sin investigar algunas causas, como el 'caso Koldo'. «Incluso el Tribunal Supremo ha subrayado recientemente en la decisión por la que otorgó la competencia a la Audiencia Nacional que la falta de una unidad policial fue la razón para no entregarles el procedimiento», recordó este lunes.

En su intervención, la que fuera fiscal general y de anticorrupción en Rumanía afirmó que ellos también están «investigando corrupción», y que continuarán investigando la «corrupción en España». «Estamos aquí para quedarnos», avisó.

En este contexto, Kövesi también se refirió al 'caso Begoña Gómez', en el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. «Es una investigación que sigue y no podemos dar más información. En Rumanía, de donde vengo, también escriben muchos los periodistas, pero tenemos que actuar de forma igual en todos los Estados miembro. No podemos hablar más de la investigación, pero cuando tengamos cosas que comunicar lo haremos de forma proactiva», prometió.

Cabe recordar que el juez de Madrid Juan Carlos Peinado derivó al órgano comunitario los contratos otorgados a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.

«Hay mucho en juego. Hemos coincidido con ambos ministros (en referencia a Bolaños y al de Interior Fernando Grande-Marlaska) en que tanto el crimen organizado que trafica con migrantes o roba dinero de la Unión Europea es el mismo crimen organizado», subrayó.

Solo en España la Fiscalía Europea tiene 100 casos abiertos la actualidad para una plantilla de siete fiscales y nueve funcionarios. El pasado año, 47 investigaciones revelaron que el perjuicio total sería de 321,7 millones de euros, según detalló Kövesi y recoge el informe anual de la institución.