La izquierda abertzale recoge el guante de Urkullu para negociar las Cuentas vascas

Al Gabinete Urkullu solo le queda ya la opción de EH Bildu para ensanchar un pacto de Presupuestos que, cabe recordar, no necesita porque PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta. Y cuando todo apuntaba a que la coalición soberanista también se iba a descabalgar, ayer decidió mantener vivo el pulso con el Gobierno. A través de un comunicado anunció que ambas partes se reunirán por tercera vez, probablemente antes de que acabe la semana. El viernes a mediodía acaba el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad.

Las conversaciones Gobierno-Bildu dieron un giro la semana pasada, cuando el consejero de Economía abrió la puerta por primera vez a negociar materias ajenas a las Cuentas y ofreció a los soberanistas 72 millones en enmiendas y cuatro «acuerdos de país». Entre ellos dos -limitar los alquileres y hacer lo posible para elevar el SMI- que Bildu aceptó en la negociación de Navarra. Fue un órdago de Pedro Azpiazu. «Dejen la demagogia y hagan oposición útil», lanzó a sus interlocutores.

Tras el encuentro, Bildu aseguró que las posturas estaban muy alejadas. Ayer insistieron en ello, que la contraoferta del Gobierno es «insuficiente», pero anunciaron que recogían el guante al constatar «avances». El primer paso está siendo el de preparar contrarreloj una respuesta que se remitirá al Gobierno vasco «para empezar a explorar la posibilidad de empezar a negociar los Presupuestos del 2022».

El diálogo sobre las Cuentas afronta así un inesperado giro. El grupo llamado a profundizar en la negociación parecía Elkarrekin Podemos-IU. Era, a priori, el que más 'feeling' tenía con el Gobierno. Por los precedentes de años anteriores y por la relación que el partido morado tiene con PSOE y PNV en Madrid.

Pero no. La coalición, molesta por las concesiones a Bildu, remitió ayer una contraoferta planteando reincorporar a la negociación tres reclamaciones «centrales» que nada tienen que ver con los números del Presupuesto: la creación de una empresa pública de energías renovables, la reincorporación a la plantilla de Osakidetza de 4.000 profesionales despedidos tras los meses más duros de la pandemia y un acuerdo para la inclusión educativa. Azpiazu dijo no.