La izquierda abertzale ha pedido al Gobierno que cambie la Fiscalía de la Audiencia Nacional

Las conversaciones entre el Ejecutivo y la izquierda abertzale se mueven en dos planos. El oficial, en el que se analizan enmiendas presupuestarias, y el 'alternativo'. «Se nos piden cosas y nosotros pedimos cosas», se resume desde la izquierda independentista. Ahí entra el tema de los presos. Cambiar a los fiscales -en realidad se pone el foco sobre un funcionario en concreto- generaría una tormenta política de grandes dimensiones. Pero a cambio Pedro Sánchez se aseguraría el respaldo de EH Bildu y, como un efecto arrastre, casi el de ERC. Como dijo Otegi ante sus simpatizantes en Eibar a mediados de octubre, todo lo que se hace es por los presos.

Los primeros frutos son evidentes. Desde Sortu y el entorno de los presos dan por descontado que el primer objetivo se ha logrado: el acercamiento masivo de los presos de ETA a Euskadi y Navarra. A pesar de las declaraciones y el aparente malestar por lo que consideran un «ritmo lento» y un «goteo excesivo» de traslados, la realidad es que más allá de esa retórica hay satisfacción. A día de hoy, más de la mitad de los miembros de la banda están en las cárceles de las dos comunidades. Y la cifra irá aumentando de forma paulatina en los próximos meses. Desde mediados del año pasado, los internos más alejados están en Madrid.

Con la dispersión suprimida de facto, el objetivo está en flexibilizar las condiciones de los presos. En estos momentos la gran mayoría de los miembros de ETA están en segundo grado. Es el más común en el régimen penitenciario. En algunos casos, y si se cumplen algunos requisitos, da pie a permisos penitenciarios. Pero el objetivo es que a los presos de ETA se le otorgue el tercer grado, en la práctica, la semilibertad. Sobre todo para los internos que han cumplido tres cuartas partes de la condena. Es una medida que comparte el Gobierno vasco, que desde octubre gestiona las cárceles vascas.

Pero no es un proceso sencillo. La primera resolución es adoptada por las juntas de tratamiento de las cárceles, compuestas por las direcciones de los centros y equipos de psicólogos, educadores sociales... Se valora el comportamiento del preso y su evolución personal. Pero la última palabra la tienen los jueces. Primero el de Vigilancia Penitenciaria y, finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A este órgano llegan los posibles recursos a las decisiones favorables adoptadas por las juntas de tratamiento. ¿Y quién presenta esos recursos? La Fiscalía.

Desde la izquierda abertzale se considera que ahí está el verdadero problema. En unas conversaciones desveladas esta misma semana por 'El Confidencial' entre Manuel Miner, preso en Palencia, y Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, el etarra afirmaba: «estamos preocupados porque el fiscal está bloqueando». Un malestar que ya se ha convertido en una petición 'extraoficial' al Gobierno.

El motivo de esa inquietud es que el Ministerio Público está empezando a desestimar los escritos presentados por los presos en los que se reconoce el daño causado y el dolor generado a las víctimas. Fue un modelo diseñado por los abogados de la izquierda abertzale para que los presos fuesen aceptando la legalidad penitenciaria, algo que no asumieron durante años y que ha facilitado los acercamientos. Pero lo que la Fiscalía viene a decir ahora es que se trata de documentos tipo, una especie de guion que no demuestra nada. De hecho, señala que lo que deben mostrar los presos es un «arrepentimiento» claro de lo que fueron sus acciones. Y ahí surge el problema para la izquierda abertzale.

El EPPK ya ha dejado claro en varias ocasiones que están dispuestos a dar pasos. Uno fue, por ejemplo, pedir el fin de los 'ongi etorris'. Pero hay dos líneas rojas que, recalcan, nunca se van a sobrepasar: colaborar con la Justicia para esclarecer los crímenes de ETA y mostrar ese «arrepentimiento» explícito. Y por eso se ha trasladado al Gobierno que debe haber cambios en la Fiscalía.