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«No tenemos una verdadera policía judicial, sino una dependiente del Ejecutivo». El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha asegurado que cuando se produjeron las detenciones de los principales cabecillas de la supuesta trama de corrupción del 'caso de Miguel' «se pretendió llevar» a la base central de la Ertzaintza, en Erandio, la «documentación incautada» a los exdirigentes del PNV alavés. Él, ha explicado, se opuso y solicitó que se llevase al Palacio de Justicia. También reclamó que toda la actuación de los agentes de las unidades de delitos económicos e informáticos se realizase también desde el edificio judicial y bajo la supervisión del juez instructor. A la postre, ha subrayado, se trató de una «decisión acertada» porque «externalizar las investigaciones» siempre «lleva al fracaso». El problema, ha insistido, es que las policías dependen del poder político.
En este sentido, ha puesto en valor la «modélica instrucción» desarrollada por el juez Ramos y el «indecible» trabajo realizado por los agentes de estas dos unidades de la Ertzaintza a pesar de sus «escasísimos» medios humanos y materiales. A este respecto, ha criticado las afirmaciones de algunos de los imputados que han acusado a la Policía vasca de manipular pruebas y ha insistido en que todo se ha realizado bajo la supervisión judicial. Si la Ertzaintza ha falseado evidencias, ha dicho, «no ha sido en este proceso».
En este contesto, ha reclamado la creación de una Fiscalía anticorrupción en Euskadi y que se potencie la unidades de delitos económicos e informáticos de la Ertzaintza.
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