La UCO investiga 44 millones de correos electrónicos por el contrato del hermano de Sánchez

En tres visitas distintas, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid han confiscado mensajes de distintos periodos de tiempo de esas cuentas corporativas, siguiendo las órdenes de la titular del juzgado, Beatriz Biedma, que dirige las actuaciones.

Según ha podido conocer este diario, los miembros de la UCO se han llevado más de 44 millones de archivos del servidor de la Diputación. Caben en pocos 'pendrives', pero la cantidad de información es enorme.

Los agentes de la Guardia Civil ponen a disposición del juzgado toda esa información, y posteriormente analizan una a una cada comunicación. Solo elaboran el informe con los datos que puedan hacer referencia a la investigación solicitada por el juzgado, que está circunscrita a la contratación de David Sánchez, Azagra de nombre artístico.

Aquellos otros correos que no guarden relación con el objeto de las diligencias, aunque estén en el juzgado, se omiten en el informe que redactarán los agentes. Se excluyen, por tanto, los personales y todos aquellos profesionales que aborden otros asuntos sin vinculación con Sánchez.

El trabajo ha recaído en la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil, que está acostumbrada a esta tipo de investigaciones.

Así ha sucedido, por ejemplo, con Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol (caso Brodie), donde también han tenido que analizar millones de archivos de muchas cuentas y dispositivos distintos. En los últimos meses les ha llegado, además, el requerimiento para estudiar el caso Koldo. De esta última trama, los agentes habían podido volcar los datos de 76 dispositivos digitales de un total de más 170 cuando pidieron cooperación técnica a la Interpol esta primavera, según publicó El Confidencial. A este tipo de investigaciones se les puede seguir la pista porque son muy mediáticas, y aunque, como ocurre también en el caso de David Sánchez, suelen tener decretadas el secreto de las actuaciones, algunos contenidos de esos mensajes se van conociendo.

No se conocen exactamente los métodos que la UCO usa para analizar los correos, pero sí que llevan mucho tiempo dado el volumen a analizar. En este caso de la Diputación, donde analizan el contenido de todo lo recibido y enviado desde 15 cuentas, también necesitarán semanas para poder enviar el informe a la jueza de Instrucción de Badajoz.

Como se ha informado, los agentes que tienen sede en Madrid realizaron tres visitas en los últimos meses a la sede principal de la institución provincial. La última tuvo lugar el pasado martes cuando solicitaron los datos de seis trabajadores. Dos de ellos eran las directoras de los conservatorios en el momento en que se gestó y adjudicó el puesto de trabajo, y otro el jefe de Servicio de Administración de Recursos Humanos, José Ramón Suárez. Hay otras tres personas relacionadas con el área de Recursos Humanos de las que los agentes también se llevaron sus comunicaciones.

La jueza ha acotado en este caso el periodo que investigará. Ya no es desde enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022, como pidió para las nueve cuentas incautadas en julio, sino que ha reducido el intervalo a un año, entre 2016 y 2017. Es decir, entre que se redactó y convocó la plaza finalmente ocupada por Azagra hasta que se adjudicó en julio de hace siete años.

El volcado de esos correos se llevó a cabo en un despacho del área de Presidencia, adonde acudieron los informáticos para entregárselos a los agentes. Al estar el servidor en una nube, los informáticos pueden acceder a su contenido desde cualquier espacio con sus propias claves. Pero por discreción, los responsables de la Diputación decidieron dedicar un habitáculo para ellos.

Sobre las diez de la mañana, la vicepresidenta primera, Raquel del Puerto, abandonó de forma apresurada una comisión que presidía y a la que asistían diputados de la oposición (PP). Posteriormente, los populares supieron por los medios de comunicación que los agentes de la Guardia Civil estaban en la sede de la calle del Obispo pacense. Asimismo, los diputados esperaban ver en otra comisión de Recursos Humanos convocada a las 12 horas al vicepresidente segundo, Ramón Díaz Farias, pero este no acudió.

En esta ocasión, el registro de los agentes fue más discreto que en julio. El del día 10 concitó a medios de comunicación desde primera hora, algunos llegados desde Sevilla, antes que los agentes.

Esta vez, en cambio, y tras la amenaza de la jueza de que puede multar a quienes se salten el secreto de las actuaciones, la visita se conoció después de que se difundiera entre los trabajadores de la Diputación.

Si este martes solo se llevaron los correos de los seis trabajadores de un año, el periodo en análisis de las nueve cuentas que requisaron los pasados días 10 y 18 de julio es mucho más amplio.

Entonces se llevaron el volcado de las cuentas de correo de los ocho trabajadores y políticos entre el 1 de enero de 2016 (año y medio antes de que se convocara la plaza) y el 31 de diciembre de 2022 (cuando David Sánchez pasó de ser de coordinador de conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas). En el caso del músico, el periodo de los correos intervenidos se extiende hasta el verano.

Además de los mensajes del propio David Sánchez y del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, requisaron también las cuentas de los exdiputados provinciales Cristina Núñez, Antonio Garrote y Francisco Martos. A ellos se unen los del actual director del área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación, Manuel Candalija; Elisa Moriano, que era directora del área de Cultura en el momento de la contratación; el entonces jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos, Félix González, que actuó como secretario de la comisión; y la entonces directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, Emilia Parejo.

La Diputación recurrió a la Audiencia Provincial para pedir la nulidad de la entrega de los correos, y David Sánchez se adhirió a esta solicitud. Entienden que no hay motivo para incautar las comunicaciones. El tribunal se ha reunido esta semana para deliberar, pero aún no se conoce el auto.

En todos estos correos, los agentes buscarán si la plaza se preparó a medida para David Sánchez Pérez-Castejón. El hermano del presidente del Gobierno no es funcionario ni personal laboral. Tiene un contrato de alta dirección, con carácter eventual. Puede cesar cuando el presidente, Miguel Ángel Gallardo, lo estime y no estarían obligados a indemnizarle por el cese, según consta en la convocatoria del puesto.

Hay otros tres trabajadores con contratos de alta dirección en la Diputación de Badajoz. Están dirigidos a personas licenciadas, pero no es necesario que sean funcionarios. Y, aunque salen a concurso público, implican cierta confianza.

Al proceso para elegir a David Sánchez se presentaron otros diez músicos. Según se publicó en la adjudicación, David Sánchez fue el elegido por la entrevista. «La preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo, para desempeñar el referido puesto», recogió en su día la propuesta firmada por la mencionada Elisa Moriano.