La investidura de Sánchez se complica por el doble discurso de ERC en Madrid y Barcelona

Pero sobre todo, apenas 48 horas después del revés que los republicanos sufrieron el sábado en Barcelona, donde no lograron hacerse con la Alcaldía pese a haber sido la fuerza más votada el 26-M. Ernest Maragall vio como Ada Colau era reelegida gracias, en parte, a los votos del PSC, lo que generó momentos de tensión a las puertas del Consistorio.

De ahí que los socialistas no terminen de fiarse. Son varias las veces que los republicanos les han dejado en la estacada; la más reciente cuando decidieron vetar la designación de Miquel Iceta como senador para presidir la Cámara alta y, antes, cuando presentaron la enmienda a la totalidad a unos Presupuestos que recogían sustanciosas inversiones para Cataluña y forzaron la convocatoria de elecciones. La ERC que ahora apela al diálogo es además la que más apretó para que Puigdemont no aflojara en 2017 y formalizara la declaración unilateral de independencia que provocó la intervención de la autonomía.

El doble discurso de los republicanos, en Madrid y en Barcelona, no ayuda a aclarar el panorama. A la misma hora que Rufián decía el jueves en la Cámara baja aquello de «no venimos con la intención de bloquear absolutamente nada», el presidente de su grupo en el Parlament, Sergi Sabrià, tendía la mano a Quim Torra en su búsqueda de la unidad secesionista para dar respuesta a la sentencia del Supremo. «Fije un nuevo camino hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación, y sí, volveremos, y sí, el 1-O nos marca el camino», dijo.

ERC hace tiempo que se ha fijado como objetivo ser la fuerza de referencia del soberanismo, como lo era CiU, que jugaba al equilibrio estratégico, provocando auténticos encontronazos personales como los que protagonizaron Francesc Homs, del ala más independentista, y Josep Antoni Duran Lleida, con un perfil más autonomista.

Fuentes próximas a la dirección de la formación catalana apuntan que el eventual «no bloqueo» de la investidura del líder del PSOE, que Oriol Junqueras siempre ha defendido en sus intervenciones públicas, en ningún caso podrá ser «gratis» para los socialistas. Rufián evitó fijar líneas rojas la semana pasada, pero los republicanos siguen hablando de mesa de diálogo para buscar una solución política y de abordar la cuestión de la «represión».

Las condiciones no son explícitas, pero se piden gestos. Uno de ellos era la investidura de Barcelona, donde Ernest Maragall aspiraba a la Alcaldía, pero este movimiento ya no podrá ser. La cuestión de los presos y la gestión política de la sentencia del juicio del Supremo pueden ser claves. Más allá de la posición que fije Rufián en el Congreso, la decisión definitiva deberá recibir el aval de Junqueras, como presidente del partido, de Marta Rovira, como secretaria general, y de Sabrià, como hombre fuerte en el Parlament.

ERC ha salido reforzado de las citas con las urnas y podría tener más libertad de movimientos para actuar en la política española, pero su margen de maniobra se ve también condicionado por la posibilidad de un posible adelanto electoral en Cataluña tras la sentencia. Hasta que llegue el fallo, desplegará ese doble lenguaje encarnado especialmente en Rufián, que ha pasado de ser el airado parlamentario que no dejaba títere con cabeza a asumir el cargo de máximo representante de lo que antiguamente se conocía como la minoría catalana en el Congreso y que exigía cintura para hablar con todo el mundo. «No soy nacionalista ni independentista. Ser independentista es una condición transitoria. Yo soy de izquierdas y republicano», afirmó recientemente en una conferencia en Madrid.

Como a su antiguo jefe en el Congreso, Joan Tardà, en el independentismo más hiperventilado le colocaron el cartel de traidor después de oírle cómo negaba su condición de secesionista. Otro que empieza a dar marcha atrás, decían. Lo mismo ha tenido que escuchar la consejera de Agricultura, Teresa Jordà, por proponer «aparcar» la cuestión de los presos del debate político para tratar de avanzar o el vicepresidente Pere Aragonès por abrirse a negociar un nuevo modelo de financiación con el Gobierno central.