Interior acerca a otros cinco etarras, entre ellos al asesino de Inaxio Uria

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su política de acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi, después de que este mismo mes vaciara las prisiones andaluzas de reclusos de la banda y concentrara a todos en centros penitenciarios situados de Madrid hacia el norte.

Este miércoles fueron cinco los etarras trasladados, tres de ellos con delitos de sangre: Jesús María Altable Echarte (de Soria a Pamplona), Egoitz Coto Etxeandia (de El Dueso a Basauri), Aitor Olaizola Baseta (de Logroño a Zaballa) e Iurgi Garitagoitia Salegui (de Soto del Real a Logroño). Además, se trasladó a Martutene a Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, en calidad de presa preventiva.

De entre estos nombres destaca el de Garitagoitia. Cumple una condena de 35 años por el asesinato del empresario Inaxio Uría el 3 de diciembre de 2008. Además, fue condenado en 2020 como autor de 25 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, daños terroristas y tenencia de explosivos. El motivo fue que el 15 de enero de 2009 colocó un artefacto explosivo en un repetidor en el cerro de Santa Bárbara de Hernani y dos bombas trampa para alcanzar a los ertzainas que acudiesen tras la primera explosión.

En un comunicado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó de «ofensivo» que se diga «que tiene el deseo de atenuar el dolor ocasionado a las víctimas» ya que, según recordó, «en el juicio por el asesinato de Uria se negó a contestar a las preguntas del fiscal y de la AVT y no colaboró negando su participación en los hechos» por los que finalmente fue condenado. Asimismo, recordó que «sigue teniendo causas pendientes con la Justicia sin que haya colaborado».

En cuanto al resto de trasladados, Altable Echarte cumple una condena de treinta años. Participó en el atentado que acabó con la vida de Luis Ollo Ochoa. Por su parte, Coto cumple veinte años de condena desde 2002 por intentar asesinar con cócteles molotov a dos agentes de la Ertzaintza el 5 de agosto de 2001 en Portugalete. En cuanto a Olaizola, ingresó en la cárcel en 2001 y cumple una pena de treinta años. Es responsable del asesinato de Santos Santamaría Avendaño.

Por último, Zaldúa fue procesada por su participación en el atentado contra Manuel Gimenez Abad y en el perpetrado contra la Guardia Civil en el que murió Juan Carlos Beiro y resultaron heridos otros tres agentes.

«Las víctimas nos sentimos humilladas ante estas decisiones que sólo van orientadas a contentar a Bildu como socio de Gobierno de Sánchez», declaró la AVT.

En total, hay 60 presos de ETA en cárceles vascas. El 1 de octubre se hará efectivo el traspaso al Gobierno vasco de la competencia de prisiones, ante lo cual la AVT manifestó que se mantendrán «vigilantes» para «alzar la voz ante cualquier decisión lesiva o humillante para nuestro colectivo».