Interior presiona a los reclusos de ETA para que paguen las indemnizaciones de las víctimas

Seguir la evolución financiera de las personas condenadas por terrorismo resulta especialmente difícil. La «picaresca», reconocen desde el Ejecutivo, ha sido una práctica habitual. «Trabajos en negro, cuentas y bienes que nunca están a su nombre...». La lista es larga. Pero fue hace cuatro años cuando el Gobierno decidió 'meter mano' de manera decidida a esta cuestión. La clave fueron dos modificaciones legislativas. La primera, la de la Ley de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de 2011 –se hizo efectiva cuatro años después–, que permitía al Gobierno actuar de oficio para reclamar las cuantías que había adelantado para resarcir a los damnificados. La segunda reforma afectó a la ley de Enjuiciamiento Civil. En 2015 se fijó que la reclamación de dichas indemnizaciones prescribían a los cinco años, en lugar de a los quince, lo que obligó al Ministerio del Interior a pisar el acelerador. Más de sesenta casos prescriben en junio de 2020.

El Gobierno delegó la reclamación de la responsabilidad civil en la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. «Cuando un damnificado solicita la indemnización a Interior fijada en sentencia, en el escrito a presentar figura una cláusula en la que cede a la Administración la capacidad de reclamar el dinero a los condenados», apunta la responsable de este departamento, Sonia Ramos. Es decir, una vez el Ejecutivo abona la indemnización, la deuda del preso pasa a ser con el Estado, no ya con la víctima. Interior ha tejido a contrarreloj una red de colaboración con profesionales de Instituciones Penitenciarias y de la Audiencia Nacional. «Ha sido complicado porque no es fácil obtener una información que en muchos casos no está siquiera digitalizada. Se han escaneado sentencias y se ha creado una base de datos», explica Ramos. Conocer en qué cárcel se encuentra cada preso y certificar la cuantía que debe, así como si ha empezado o no a abonar la responsabilidad civil, son algunos de los pasos que el Ejecutivo debe dar antes de formalizar una reclamación oficial. Dicho esto, el Ministerio del Interior ha abierto 775 expedientes –petición de información, etcétera– en los últimos cuatro años relativos a 358 sentencias. Cabe recordar que en una misma resolución judicial puede haber sido condenado más de un terrorista. En total el Gobierno ha reclamado el pago de su deuda económica a 421 presos, más del 95% de ETA.

«Hace dos años que el sistema empezó a funcionar con mayor velocidad y podría decirse que desde el último trimestre está engrasado», afirma Sonia Ramos. La pasada semana llegó a firmar casi una treintena de reclamaciones. ¿Cuál suele ser la respuesta de los reclusos? «La mayoría presentan alegaciones. Algunos dicen que pagan el peculio –dinero que reciben los presos de familiares para sus gastos en los economatos–, otros que ha prescrito y hay quienes se declaran insolventes», explica la directora de Víctimas del Gobierno central. La clave, ahora bien, es que la mera petición formal interrumpe la prescripción de la responsabilidad civil.

Lo habitual es que los presos ni siquiera empiecen a pagar parte de lo que deben. «Solo lo hacen los de la 'vía Nanclares' y pocos más», asume Ramos. Y eso que, de hacerlo, supondría un gesto tangible hacia sus víctimas. De hecho, para obtener el tercer grado los presos tienen que haber empezado a pagar la responsabilidad civil.

Interior mantiene reuniones con la agencia tributaria para que, «de detectar algún ingreso», proceda a su embargo. Los reclusos, tanto dentro de prisión como aquellos que se hallan en situación de semilibertad, pueden acceder a un trabajo. «El salario mínimo interprofesional –el Ejecutivo acaba de aprobar su subida hasta los 900 euros– no puede ser embargado, pero a partir de esa cantidad, sí. Siempre que no cobre en negro y todos los trucos que suelen utilizarse», subraya Ramos. La pregunta es clara: ¿Cuánto dinero ha recuperado el Estado? Este periódico ha intentado sin éxito conocer esa cifra. Las fuentes consultadas aseguran que es «irrisoria», si se compara con la deuda que acumulan. Tanto la agencia tributaria, a título administrativo, como la Audiencia Nacional, a nivel judicial, tienen capacidad para embargar cuentas a terroristas. De hecho, el alto tribunal incautó por primera vez hace justo un año bienes a 57 etarras –en su mayoría vehículos– en el marco de la operación 'Zerga' (impuesto). La cuantía de la deuda que se intentaba recuperar superaba los ocho millones de euros. Entre los terroristas figuraban históricos de la banda como Idoia López Riaño, Mercedes Galdós y Enrique Letona. «Sabemos que es complicado porque las cantidades son altas, pero tienen que saber que el Gobierno va a estar encima», apostilla Sonia Ramos.