Interior encarga un censo sobre los presos de ETA enfermos y en segundo grado

Según fuentes penitenciarias, la información, totalmente reservada, fue requerida de forma confidencial por Carlos Javier Lanza, coordinador de Programas de Control y Reinserción, a los directores de los centros en los que hay reclusos en segundo grado. Casi todos están en cárceles en la mitad norte de la península.

Según la última información remitida por el Gobierno al Parlamento sobre la colonia penitenciaria etarra, el pasado abril había 235 miembros de ETA. De ellos, solo 29 estaban en segundo grado. La inmensa mayoría, 209, era presos penados en primer grado; seis preventivos en diferentes categorías, un preso más sin clasificar y ninguno en tercer grado (régimen de semilibertad).

Fuentes del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido reconocieron ayer la existencia de esos mails requiriendo información sobre los presos de la banda terrorista en segundo grado, aunque insistieron en que se trata de un «recuento habitual» del que no estaban al tanto los máximos responsables del Ministerio del Interior. Estas fuentes explicaron que se hizo esa encuesta para responder a las preguntas parlamentarias sobre la situación penitenciaria de los miembros de ETA.

Sin embargo, esta versión no casa con el requerimiento de información para responder con simples estadísticas a los requerimientos que se han venido realizando en los últimos meses en el Senado, sobre todo de EH Bildu. En primer lugar, porque desde el Parlamento se solicitaron datos sobre todos los internos, con independencia de su grado, y en segundo porque la encuesta a los directores de las prisiones iba mucho más allá de que informaran del simple número de internos de ETA en segundo grado en sus cárceles.

En el documento remitido en febrero a los directores de las cárceles se incluían seis cuestiones precisas sobre el comportamiento individual de cada interno en segundo grado. Instituciones Penitenciarias preguntaba desde el grado de colaboración con la Justicia a su comportamiento en prisión y, sobre todo, su grado de arrepentimiento. La dirección de Prisiones, incluso, reclamó que se enviaran a Madrid informes escaneados de cada uno de los presos sobre sus peticiones de progresión de grado o de beneficios. Documentos en los que se pedía que figurara la firma de cada uno de los internos.

La versión de altos funcionarios de Instituciones Penitenciarias es bien diferente a la de Interior. Aseguran que hacía años que no se ordenaba en el departamento que dirige Ángel Yuste un censo «expreso» y «personal» de los internos de ETA. Es más, recuerdan que un censo con las mismas preguntas se realizó en vísperas de que el Gobierno de José María Aznar (en el que también Ángel Yuste era el responsable de Instituciones Penitenciarias) acercara entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999 a unos 135 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y acabara con la dispersión de los reclusos de la banda fuera de la península.