

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Han sido ya numerosas las ocasiones en las que el Gobierno de Pedro Sánchez ha negado en público aquello de «presos por Presupuestos». O lo ... que es lo mismo, ha desvinculado cualquier movimiento en relación con los reclusos de ETA de la negociación de las Cuentas abierta con la izquierda abertzale. Pero este miércoles ambas cuestiones convergieron. Y de qué manera. El mismo día en el que Arnaldo Otegi anunciaba el apoyo de EH Bildu al proyecto presupuestario del Ejecutivo, el Ministerio del Interior revelaba el acercamiento de otros cinco internos de la banda terrorista. Entre ellos, los condenados por delitos como el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García; el del director financiero del Diario Vasco Santiago Oleaga, y por atentar contra el periodista Gorka Landaburu.
Sorprendió el movimiento del Gobierno. No tanto por el gesto, que no es nuevo. Desde que se conformara el Ejecutivo de coalición, tanto PSOE como Unidas Podemos han defendido la necesidad de «adecuar» la política penitenciaria al escenario post-ETA. Y hacerlo con la ley en la mano. Lo que quizás llama más la atención es la velocidad de crucero que han alcanzado los traslados desde que se iniciaran las conversaciones para dar salida a las Cuentas. Pero, sobre todo, cuándo se han conocido los últimos traslados. Fue este miércoles. Justo el mismo día en el que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, anunciaba el respaldo de la coalición abertzale al proyecto de Presupuestos.
Cinco son los nuevos traslados autorizados por Instituciones Penitenciarias, que suman ya 103 el número de acercamientos llevados a cabo desde el Gobierno de Sánchez -18 al País Vasco o Navarra y 25 de internos con delitos de sangre-. Buena parte de ellos acumula un dilatado historial delictivo. Es el caso, por ejemplo, de Mikel Azurmendi Peñagarikano, que cuenta a sus espaldas con hasta cinco sentencias por atentados mortales que pasará de Valencia a Zaragoza. Entre 1999 y 2001 la Audiencia Nacional le condenó por el asesinato del militar Miguel Peralta Utrera, el del general Juan José Hernández Rovira, los de Francisco Joaquín Martín Moya, César García Contonente y Francisco Veguillas Elices, así como por el atentado contra el sargento Miguel Ángel Ayllón Díaz-González. Hace veintiún años fue condenado, además, a tres décadas de prisión como responsable del asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García.
También desde Valencia a la prisión de Zuera será trasladada Maite Pedrosa Barrenetxea, condenada por su participación en el asesinato de Fernando Jiménez Pascual y como responsable del atentado contra Miguel Ángel Ayllón. En el año 2000, el Tribunal Supremo elevó la condena impuesta a Pedrosa al considerarla cómplice del asesinato de Jiménez-Becerril. Dejó fuera el caso de su mujer.
Por su parte, José Ángel Lerín Sánchez pasará de Puerto I, en Cádiz, a Zaragoza. Fue condenado por colocar en 2005 una mochila-bomba en el hotel Port Denia, que provocó cinco heridos, y a 26 años por formar parte del 'comando Urederra', desarticulado en abril de 2007, en pleno alto el fuego permanente.
La lista se completa con otros dos presos, que serán acercados a Martutene y Basauri. Se trata de Oskarbi Jauregi Amundarain, condenado por atentar contra el periodista Gorka Landaburu, que perdió cuatro dedos de una mano tras abrir un paquete bomba remitido a su despacho, y a 17 años por enviar un libro bomba al decano de los abogados de Gipuzkoa, José María Muguruza. En el año 2000 se le añadió otra condena por complicidad en el asesinato del mando de la Ertzaintza Mikel Uribe, y en 2001 otra por su participación en el asesinato del director financiero del Diario Vasco Santiago Oleaga.
El último nombre es el de Oier Andueza Antxia, condenado por delitos como pertenencia a banda armada y dos tentativas de asesinato.
«Si para aprobar los Presupuestos ha sido necesario que el Estado ceda ante los terroristas derogando de facto la dispersión, podemos temernos lo peor», advirtieron desde la AVT. También desde Covite acusaron al Gobierno de «legitimar al única fuerza política que justifica el terrorismo de ETA». este miércoles, censuraron.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El origen de la expresión 'joder la marrana' y su conexión con el vino
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.