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AGENCIAS
Viernes, 3 de julio 2020, 15:55
El Ministerio del Interior ha autorizado el traslado a cárceles más próximas al País Vasco de dos presos de ETA, entre ellos José Luis Barrios, condenado por los asesinatos del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García., e Igor González ... Sola. Barrios será trasladado de la cárcel de Granada a la de Zuera (Zaragoza) tras flexibilizarle el primer grado con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Tras el anuncio, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido una reunión urgente con Fernando Grande-Marlaska, ante el «desamparo» que les produce que ya sean 43 los etarras trasladados (más del 20% de los que siguen en prisión) desde junio de 2018, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Además de Barrios, este viernes también ha sido aprobado el traslado de Soria a San Sebastián del etarra Igor González Sola.
Por su parte, COVITE muestra su asombro por este traslado «por ser el primero que se realiza, sin tratarse de un tercer grado, a una cárcel del País Vasco bajo el mandato de Grande-Marlaska». Recuerda que siempre ha establecido «una diferencia entre los traslados que se pudieran producir a cárceles vascas y los que se produjeran a las de otras comunidades autónomas por el objetivo que el PNV manifiesta desde hace varios años de que la competencia de prisiones sea concedida al Gobierno vasco».
En un comunicado, la AVT ha denunciado que a José Luis Barrios, con delitos de sangre por los asesinatos del matrimonio Jiménez Becerril y del militar Domingo Puente, se le aplique el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, aunque manteniendo su clasificación en primer grado o régimen cerrado, el más duro. Según Prisiones, cumplirá las tres cuartas partes de la condena el próximo mes de septiembre y «ha aceptado la legalidad penitenciaria».
En cuanto a Igor González Sola, también ha señalado que ha aceptado la legalidad penitenciaria y que la junta de tratamiento de Soria ha propuesto el mantenimiento en segundo grado, con traslado al centro penitenciario de San Sebastián «por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos». Este etarra ingresó en prisión el 30 de marzo de 2005 y tiene una condena de 20 años por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en marzo de 2020.
La AVT, que se ausentó del reciente homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso por su descontento con los acercamientos de etarras con delitos de sangre y los acuerdos con EH Bildu, ha lamentado que «cada viernes se levanten con el temor de no saber qué nuevo movimiento en política penitenciaria tiene preparado el Gobierno».
La AVT ha justificado su reunión con Grande-Marlaska por su «honda decepción, preocupación y sensación de desamparo», además de porque las decisiones que se están adoptando entienden que «difiere mucho» de lo que el propio ministro les aseguró en las reuniones mantenidas nada más llegar al cargo. La asociación censura que haya beneficios para etarras con delitos de sangre y que no se exige colaboración con la Justicia en la resolución de los casos pendientes como paso previo para valorar la posibilidad de reinserción social.
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