Las instituciones vascas alcanzarán el 3,5% de déficit al poder endeudarse las diputaciones

Pese a ello, o quizás por ello, el tono en el Gobierno de Vitoria al valorar el pacto alcanzado sobre el límite de déficit que podrán alcanzar las instituciones vascas -un 3,5% para 2020 y un 3% para 2021- fue de honda satisfacción o, incluso, de euforia. La razón, la principal novedad que lleva aparejada el acuerdo que empezó a cocinarse con un pacto secreto entre Moncloa y el PNV en mayo y se redondeó dos meses después tras amagar el lehendakari con dar la espantada en la conferencia de presidentes del 31 de julio en Yuso: reconocer por primera vez a las diputaciones forales capacidad de endeudamiento propia y, lo que es más relevante para Lakua, no solo mientras dure la pandemia, sino «de manera permanente», según fuentes del Ejecutivo vasco.

De momento, y en concreto, un 0,9% para este año que, sumado al 2,6% para el Gobierno vasco que cerraron el consejero Pedro Azpiazu y la ministra Montero en aquella madrugada de julio, eleva la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas hasta el 3,5%. A su vez, los Ejecutivos forales, que ejercen la tutela financiera sobre los ayuntamientos, podrán regular la capacidad de endeudamiento de las entidades locales, libres también ya del yugo de no poder disponer a voluntad de sus remanentes.

En 2021, el objetivo de déficit foral llegará al 0,8% y el del Ejecutivo vasco al 2,2%. Esos porcentajes, traducidos a cifras reales, permitirán al Gobierno vasco incurrir en un déficit por encima de los 1.700 millones de euros este año y más allá de los 1.600 el próximo, y a las diputaciones gastar 595 millones por encima de sus ingresos en 2020 y 588 en 2021. En total, en estos dos años, las instituciones vascas podrán asumir un gasto extra por encima de los 4.500 millones.

«El acuerdo es un hito en la historia del Concierto Económico», celebró Azpiazu al término de la cita, satisfecho, sobre todo, porque por primera vez se haya reconocido en ese foro bilateral que las diputaciones «tienen la potestad tributaria en los territorios históricos» y soportan, por lo tanto, la caída de la recaudación provocada por la Covid-19.

De hecho, la cifra de déficit para el Ejecutivo se conocía desde julio y la del 0,9 para las diputaciones la desveló el lehendakari en una entrevista a primera hora de la mañana. Sin embargo, el acuerdo se cerró sobre la bocina, apenas unos minutos antes de que arrancara la reunión. ¿Dónde estuvo el tira y afloja? En la exigencia del equipo de Azpiazu de que la capacidad de endeudamiento de las diputaciones «trascendiera» el año 2021 y la situación excepcional a la que obliga la reconstrucción. El objetivo se logró y por eso el consejero insistió en el «enorme valor» del acuerdo, al establecerse un «precedente» en torno a la foralidad. «Es un antes y un después en la arquitectura institucional vasca», aplaudió el consejero, que destacó que, cuando en 2022 toque recuperar la senda de estabilidad y volver a fijar límites, las diputaciones tendrán «identidad propia» para poder hacerlo, con «capacidad de déficit y deuda propia».

Capítulo aparte mereció al anuncio de Montero, que, según reconocen en privado en el Gobierno vasco, permite a Moncloa ahuyentar agravios y quejas de otras comunidades autónomas. No obstante, Azpiazu no lo recibió como un 'café para todos' sino como un paso positivo en la línea marcada por Europa, que permitirá «huir de la austeridad» y «flexibilizar» el gasto público. «Es bueno y necesario para todos», aplaudió. Según dijo, seguirá habiendo parámetros a los que ajustarse -tasas de referencia en lugar de déficit- y celebró que el acuerdo «blinde» los de Euskadi «en el foro donde debe hacerse, la Comisión Mixta».