La infanta y la sucesión al trono

La sentencia del Tribunal Supremo pone fin a la vía judicial ordinaria y frente a ella únicamente cabe que la defensa de los condenados interponga un recurso de amparo por violación de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. A la vista de la rigurosa fundamentación de las sentencias y de las garantías con las que se ha llevado a cabo el proceso, el eventual recurso de amparo tendría muy escaso recorrido. Y ello en el también difícil supuesto de que fuera admitido a trámite. En todo caso, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, aunque admita a trámite un recurso contra una sentencia penal condenatoria, nunca suspende su ejecución si esta es superior a cinco años. Y la de Urdangarin, aun con la rebaja del Tribunal Supremo, lo es.

En todo caso, la decisión sobre el ingreso en prisión de Urdangarin debe ser adoptada por el tribunal sentenciador, esto es, por la Audiencia de Palma, que ha citado hoy a los condenados para, presumiblemente, comunicarles el mandamiento de ingreso en prisión. En estos casos se suele dar un plazo de diez días para hacer efectivo el ingreso y corresponde a Instituciones Penitenciarias, es decir, al Gobierno, determinar el concreto dentro penitenciario en que habrá de cumplirse la condena.

Esto quiere decir que, a la imagen del duque entrando en prisión -para cumplir su condena- seguirá la de la de la infanta Doña Cristina para visitar a su esposo. La escena no por tardía menos previsible tendrá un gran impacto sobre la sociedad. Al fin y al cabo es la hermana del Rey, y ocupa el sexto lugar en la sucesión al trono.

Felipe VI ha dado ya abundantes muestras de distanciamiento de su hermana y cuñado. La retirada del título de duquesa de Palma resultó en este sentido muy significativa. Pero en una Monarquía parlamentaria corresponde a las Cortes determinar las cuestiones relativas a la sucesión. Concretamente, el artículo 57. 5 de la Constitución atribuye a las Cortes resolver cualquier duda -de hecho o de derecho- relativa a la misma. No hace falta ser jurista para admitir que -desde hace bastantes años y más aún desde la sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer- existe la muy razonable duda de si la mujer de un delincuente, que se ha beneficiado además de los delitos cometidos por su marido, está en condiciones para desempeñar la Jefatura del Estado. Corresponde a las Cortes resolverla.