La inhabilitación de Torra abre una tregua entre PNV y Bildu

La declaración, presentada al margen del pleno ordinario que se estaba celebrando ayer en la Cámara de Vitoria, consta de tres puntos. El primero de ellos muestra el «rechazo y alarma» de ambos partidos por la confirmación por parte del Supremo de la inhabilitación de Torra, quien ya no ejerce de presidente de la Generalitat. «Significa, además de una grave agresión al autogobierno de Cataluña, un ejercicio de deslegitimación de la voluntad popular», coinciden jeltzales y abertzales en alusión a la elección del ya exjefe del Ejecutivo catalán por parte del Parlament en 2018.

Hasta aquí Elkarrekin Podemos-IU coincidía en lo sustancial, si bien prefería limitarse a señalar lo «injusto y desproporcionado» de la sentencia. Pero el obstáculo insalvable llegó en el segundo punto. La iniciativa de las formaciones nacionalistas insta a «los poderes del Estado español a desistir en su estrategia de judicializar legítimas reivindicaciones políticas y a respetar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades básicas, así como los derechos colectivos, que constituyen todos ellos la base de la democracia».

Estos términos tal vez habrían sido del agrado de la coalición morada hace unos meses, pero no ahora que desde enero forma parte del Gobierno central y, por tanto, de esos «poderes del Estado» a los que interpela directamente el texto. Al fin y a la postre, el contenido de ese punto viene a poner en duda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respete los derechos fundamentales. Y ante ese escenario, la alianza de izquierdas en suelo vasco no quiso pasar por el aro de firmar una declaración en contra de sus propios compañeros de Madrid.

Según fuentes internas, el grupo liderado por Miren Gorrotxategi trató de salvar su participación en la iniciativa con una contrapropuesta que denunciaba «el uso que algunos partidos políticos vienen haciendo del Poder Judicial con fines políticos», en referencia a PP, Vox y Ciudadanos. Sin embargo, PNV y EH Bildu no accedieron al cambio. El tercer y último punto, que insta a «que se posibilite la expresión de la voluntad democrática del pueblo de Cataluña y se respete su decisión», también contaba con el beneplácito de los morados.