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El comportamiento desobediente del president de la Generalitat puede ser abordado desde una doble perspectiva. Una, estrictamente jurídico-penal. Otra, más de carácter político y moral que estaría integrada por los principios o reglas básicas que debe respetar un responsable institucional en una sociedad democrática. ... Los tribunales han determinado que la conducta de Quim Torra constituye un delito de desobediencia y se le condena a la inhabilitación para su cargo.
La sentencia del Supremo no ha resultado ninguna sorpresa, tampoco para el acusado ni para las familias independentistas. Diría más, creo que también ha sido buscada como parte de la estrategia de los sectores rupturistas que se alimentan del 'cuanto peor, mejor' y buscan la confrontación en el independentismo. Sin embargo, lo esperado no está libre de análisis, pues aunque los hechos no eran controvertidos, su valoración jurídica y la aplicación automática del tipo penal del artículo 410 del CP resulta polémica.
El acto de desobediencia que contempla este artículo no puede ser cualquier acto. El tipo penal tiene que ser entendido como un acto calificado como grave. Pues de lo contrario, tendría la misma pena el presidente que incumpla una orden dirigida a salvar vidas humanas, que el presidente, como Torra, cuyo acto desobediente ha consistido en no retirar una pancarta. Esta falta de graduación en la gravedad de la orden incumplida y la falta de proporcionalidad en la pena pueden tener un auditorio más receptivo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero me interesa más valorar el comportamiento del president Torra desde la perspectiva de los principios que deben guiar la actuación de un responsable institucional. Permitir colocar las pancartas, lazos, fotos de candidatos en el balcón del Palau o de cualquier otro edificio público, especialmente en tiempo electoral, es reprobable, pues atenta contra la dignidad, la neutralidad de las instituciones públicas y el pluralismo. No ordenar retirarlas es más reprochable. Pensar que el poder que ostenta por ser president no conlleva obligaciones respecto al mantenimiento de neutralidad, y, además, pensar que por ser la máxima autoridad del país no está sometido a control, supone que estamos no solo ante una concepción del poder de difícil encaje en un sistema democrático, sino también ante un peligro claro de instrumentalización de las instituciones. El resultado no es otro que el debilitamiento de las instituciones propias, que son la expresión jurídico-política desde una perspectiva histórica de la existencia del pueblo catalán.
Más que la conducta desobediente de Torra me preocupa su activismo decidido en orden a que las instituciones puedan ser instrumentalizadas para las causas que él defiende. Creo que esta preocupación la comparte mucha gente, también en el independentismo, de allí y de aquí, aunque estos días se hayan esmerado más en expresarle la solidaridad y no la preocupación.
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