Un informe del Gobierno vasco abría la puerta al despido de De Miguel sin esperar al Supremo

Un informe elaborado a finales de 2021 por el gerente de Hazi, la fundación dependiente del Departamento de Desarrollo Económico en la que trabaja Alfredo De Miguel, abría la puerta al despido del que fuera 'número dos' del PNV alavés sin haber esperado a que el Tribunal Supremo dictase sentencia firme, algo que no sucedió hasta el pasado mes de enero. El documento, remitido ahora por el propio Gobierno vasco al Parlamento y al que ha tenido acceso EL CORREO, tumba el argumento esgrimido hasta la fecha por el Gabinete Urkullu de que era imposible legalmente echar a De Miguel.

Durante los últimos años, el antiguo diputado foral no solo ha mantenido su puesto de trabajo, sino que ha subido de categoría, ha visto cómo aumentaba su sueldo de 39.000 a 57.000 euros y ha actuado en representación de las instituciones vascas en diferentes acto sectoriales, algo que también negaba el Ejecutivo.

De Miguel perdió sus cargos públicos tras estallar el escándalo y ser detenido en marzo de 2010. Pero no su trabajo en Hazi, una sociedad pública dependiente del Departamento de Desarrollo Económico. El Gobierno vasco explicó que a pesar de la sentencia en primera instancia dictada por la Audiencia provincial de Álava a finales de 2019 a De Miguel no se le podía despedir hasta que fallase el Supremo. La resolución llegó el pasado 10 de enero, cuando los magistrados confirmaron la condena a doce años para De Miguel. Su entrada en prisión está aún por concretarse.

La documentación remitida ahora por el propio Gobierno vasco, sin embargo, rebate esa aparente imposibilidad legal para expulsar a De Miguel de su puesto en la sociedad pública. El informe, titulado 'Valoración jurídica sobre los posibles escenarios laborales de una persona trabajadora de Hazi ante una condena firme', lo redacta el gerente de la fundación en base al informe jurídico solicitado a una asesoría legal. A lo largo de seis folios se desgrana cuál es la doctrina judicial existente, pero también cómo la propia Hazi regula este tipo de situaciones.

El gerente recordaba que el convenio laboral de la sociedad señala como «faltas muy graves» la condena «por robo, hurto o malversación cometidos fuera de la empresa», cuando, además, la duración de la pena sea «superior a seis años». No se exige que sea firme. Dos requisitos que 'cumplía' De Miguel tras la sentencia de la Audiencia de Álava.

El gestor de Hazi apuntaba que a partir de ahí se abre «un abanico relativamente amplio para sancionar, desde suspensiones de empleo y sueldo de más de un mes hasta el despido». Pero señalaba que «ante una condena de más de 6 años parece poco razonable optar por una sanción que no sea la de despido». Eso sí, también se admitía que De Miguel podría recurrir y la Justicia declarar el despido improcedente.

La documentación enviada a la Cámara también cuestiona el argumento defendido hasta ahora por el Gobierno de que en este tiempo De Miguel no ha representado en ningún momento al Ejecutivo. «El señor Alfredo De Miguel, cuando ha acudido a conferencias o cursos, siempre ha actuado en nombre de Itsas Garapen Elkartea (entidad que forma parte de Hazi) y no en el suyo propio», admite el Ejecutivo. Durante este tiempo, De Miguel ha ascendido de categoría y ha desarrollado labores de «coordinador».