Hay decisiones que contribuyen a quitar y poner gobiernos. Otras seguramente no influyen en la intención de voto de los ciudadanos pero sujetan o debilitan los cimientos de un sistema político como el nuestro.

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Si el Gobierno Sánchez no da con un mecanismo para abaratar ... ya la desbocada subida de la factura de la luz se estará ganando una segura derrota en las urnas, cuando se nos llame a votar. Si el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse -acumula más de mil días de demora y nada apunta a que la solución esté próxima- es probable que ello apenas mueva el sentido del voto de una minoría de ciudadanos, pero debilitaremos un poco más las bases que sujetan el régimen político que arrancó con la aprobación de la Constitución de 1978.

Sabíamos que Podemos quiere acabar con este ciclo político. Que los nacionalistas están encantados de ver cómo se debilitan las bases del sistema. Lo que resulta más difícil de creer es que PSOE y PP, e incluso la cúpula judicial, hayan conformado una suerte de frente antisistema realmente peligroso.

Hace ya tiempo que la generosidad que marcó en muchos momentos la Transición quedó atrás. Manda el interés del partido. En concreto, el de los reducidos círculos de personas que los controlan y se reparten cargos, sueldos y prebendas.

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Pero es que, además, la separación de poderes está en crisis. Si nuestros dos grandes partidos de Estado siguen sin renovar el órgano de gobierno de los jueces es porque no creen en su independencia. O peor, porque dan por hecho que están politizados y no quieren que eso cambie.

PSOE y PP, pero también el PNV y la extinta Convergència, son los culpables de que todos demos por hecho el color político de cada miembro del CGPJ. Jueces y magistrados tienen derecho a tener sus ideas políticas, faltaría más. El problema es cuando se les elige para que actúen como autómatas que siguen la disciplina del partido que les ha aupado al cargo, como ocurre con los diputados en el Congreso, donde la libertad de voto se ha convertido en una quimera que anticipa el suicidio político de quien osa votar en conciencia.

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Con este escenario no resulta extraño que la izquierda y los nacionalistas quieran renovar el CGPJ con la normativa vigente. Ello garantizaría que el órgano resultante tenga una orientación política acorde a la composición del Congreso. Como que el PP no tenga prisa en cambiar el órgano que preside Carlos Lesmes, porque sus integrantes se eligieron cuando en el Parlamento existía una mayoría conservadora. ¿Por qué ha vuelto a sacarse ahora de la manga Casado que lo mejor es cambiar el modelo vigente desde 1986 y que al menos 12 de los 20 miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces, lo que no hicieron Aznar y Rajoy cuando gobernaban y tenían mayoría para ello? Porque da por hecho que la mayoría de los togados son conservadores, aunque sólo un 55% de ellos estén afilados a alguna organización profesional. Idéntica razón a la de la izquierda para oponerse.

¿Y por qué no dimiten en bloque los componentes del Consejo y fuerzan así su renovación, como sí sucedió en 1996? ¿Apego al sillón? ¿Sintonía con los intereses políticos del PP?

Nada raro que muchos ciudadanos sigan -sigamos- extrañándonos ante determinadas decisiones judiciales. La última, el 'caso Kitchen'.

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