El complicado camino de los recursos

Una de las primeras decisiones que deberá tomar el Tribunal Supremo es decidir si los recursos son admitidos a trámite. En principio, solo lo pueden presentar las partes personadas, así que el de Vox pasaría el corte sin problemas. La formación de Santiago Abascal se personó como acusación particular en el juicio del 'procés', de hecho, Javier Ortega Smith ejerció como abogado en la Sala del Supremo ante el juez Manuel Marchena. Más complicado es el caso de los populares.

El PP no se personó en el juicio como acusación. Pero este martes Pablo Casado ha insistido en que su partido tiene todo el derecho a recurrir al considerarse «parte perjudicada». ¿Por qué? El presidente de los populares ha aludido a la declaración de un miembro de los CDR que había asegurado ante el juez que planeaban atentar contra él. «Si los CDR son la continuación del 1 de octubre, podemos decir que somos parte perjudicada», ha asegurado. Pero diversos juristas consideran que es un argumento «endeble». Pero tampoco se descarta. «En el caso del PP lo veo difícil», señala Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU.

En cualquier caso, con que pase el de Vox ya valdría. Los magistrados del Supremo comenzarían a analizar el contenido jurídico del recurso. Durante los últimos días el Gobierno ha llegado a trasladar que los indultos están tan bien argumentados que legalmente son «inexpugnables». No tanto, pero si que, según Tajadura, los recursos tienen un camino complicado. «Creo que el Gobierno ha atado bien los indultos». El primer flanco por el que se les podría atacar, en opinión de los juristas, sería que se tratase de un indulto general. Pero el Ejecutivo ha presentado nueve decretos individualizados, cada uno de ellos de unos 30 folios. Aunque se habla de los indultos del 'procés' y se aborda como un indulto general, las peticiones están 'personalizadas'.

La segunda causa por el que se podía intentar revocarlos sería el de la «utilidad pública». Es un argumento abstracto, que podría servir para tumbarlos. Pero los juristas también lo ven complicado. Lo más probable es que en esos 30 folios el Gobierno haya envuelto las medidas de perdón en la necesidad de la «concordia» y la «reconciliación». «Puede que no nos gusten esas ideas e incluso que no las compartamos, pero supongo que estarán bien justificadas», apunta Tajadura. Porque los indultos, no hay que olvidarlo, son potestad del Gobierno.

La vía de agua por la que los recursos pueden hacer naufragar los indultos es el de la singularidad. Se trata de la primera vez en la historia en la que las personas que van a ser indultadas no es que no hayan pedido perdón, es que han amenazado con volver a repetir los actos por los que fueron condenados. Puede ser simple retórica, pero el aviso está ahí. Si los magistrados entienden que hay una arbitrariedad, se podría abrir la posibilidad de que los recursos prosperasen.

Salvo sorpresa, los presos del 'procés' pasarán el verano en la calle. Los jueces del Supremo tienen que analizar los documentos, oír a las diferentes partes... Pueden acelerar los plazos, pero se da por hecho que cualquier decisión se aplazará varios meses.

Sí. Y varios. Aunque por causas que poco tienen que ver con la política, varios casos de perdón impulsados por el Gobierno han sido tumbados gracias a los recursos. El proceso más sonoro fue el del banquero Alfredo Sáenz, que había sido indultado por el Gobierno de Zapatero. También fueron revocados el de un conductor 'kamikaze', el de un directivo de un equipo de fútbol y el de una mujer maltratada que incumplió plazos de custodia de sus hijos, entre otros.