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El debate sobre la conveniencia o no de los indultos a los presos del 'procés' está sacando a la luz otros temas de enjundia. Es plenamente legítimo estar a favor de su concesión como lo es estar en contra. He defendido estos indultos apelando a ... razones de utilidad pública por la función pacificadora para la convivencia en Cataluña, pero también por razones de justicia, no porque los hechos enjuiciados no fueran delictivos, sino por la falta de proporcionalidad de las graves penas de prisión impuestas. Falta de proporcionalidad que han subrayado dos magistrados del TC en su voto particular frente a la decisión de la mayoría.
Entiendo, aunque no las comparta, las objeciones que ponen aquellos que no aprecian razones de utilidad pública, aunque reconocen, con cierto sonrojo, que tampoco hubo tales razones en otros indultos 'políticos', como los referidos, por ejemplo a Armada, Barrionuevo, Vera y guardias civiles condenados por torturas. Sin embargo, me parece reprochable la posición que las derechas mediáticas y políticas, sin la mínima honestidad ética y decoro profesional, están convirtiendo esta cuestión en 'casus belli', manipulando la figura constitucional del indulto y de su naturaleza jurídica, presentando la medida en este caso como un acto de traición a España y de humillación del Rey.
La libertad de expresión incluye, cómo no, el derecho a efectuar manifestaciones sin fundamento alguno, pero el pudor ético y una mínima vergüenza profesional, debería por lo menos exigirnos un mínimo de congruencia. Lo reprochable no es que se mantenga una posición distinta ante varios supuestos, sino que la diferencia se sustente en la arbitrariedad, exigiendo en unos casos requisitos y circunstancias que antes nunca se exigieron. No solo se está dando una manipulación del indulto sino también de la figura y del papel del Rey en la concesión de la medida. Las palabras de Díaz Ayuso al insinuar que el Monarca podría hacer respecto a los indultos algo distinto a lo que establece la Constitución, como por ejemplo negarse a firmar los reales decretos, no son ingenuas ni improvisadas.
Al hilo de la posición mantenida frente al 'procés' y especialmente tras su mensaje institucional del 3 de octubre de 2017, se está generando desde algunos medios de comunicación y formaciones políticas el clima propicio para que socialmente se consolide la idea de que Felipe VI pueda tener de hecho más facultades de las que la Constitución le atribuye. Se está extendiendo la idea de que no se le puede incomodar al Rey con el tema de los indultos, como si además de la inviolabilidad tuviera también el derecho a que no se le incomode por algún asunto que le disguste. Como si la posición personal de Felipe sobre los indultos fuera relevante a los efectos de la decisión que quiera adoptar el Gobierno. ¿Qué es eso de que la incomodidad personal de Felipe VI se coloque por encima y por delante de la indiscutible neutralidad que debe mantener siempre el monarca parlamentario? Lo que piensa Felipe de Borbón sobre los indultos no es relevante, no debería serlo, por la sencilla razón de que el Rey Felipe VI no puede tener opinión y mucho menos expresarla.
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