La imputación de Torrent por desobediencia enturbia la mesa de negociación

Deberá acudir el 15 de septiembre y no irá solo. Le acompañarán el entonces vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa (JxCat); el secretario primero, Eusebi Campdepadrós (JxCat); y la secretaria cuarta, Adriana Delgado (ERC). Tras conocer la citación, Torrent recurrió a las redes sociales para mostrar su desacuerdo y airear su indignación: «La maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión». Según el conseller, «el Parlament es el templo de la palabra y del debate», por lo que «intentar censurarlo es un grave error que va en contra de la democracia». El president Pere Aragonès, por su parte, arremetió contra la «judicialización del debate parlamentario» y advirtió de que «no nos callarán».

Esta causa no es ni mucho menos nueva. Nace de una querella de la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana por, presuntamente, desobedecer al Tribunal Constitucional al aceptar tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista -una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación al Rey-.

El alto tribunal admitió a trámite la querella de la Fiscalía en marzo del 2020, al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban «a priori una apariencia delictiva», si bien advertía de que, con su resolución, no asumía ni daba por supuestas «en absoluto» sus valoraciones. Ha sido la magistrada instructora María Eugenia Alegret quien ha decidido citar a los dirigentes soberanistas.

Las defensas de Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós recurrieron la admisión a trámite inicial, pero el tribunal lo rechazó. Además, la magistrada instructora acaba de aceptar que Vox ejerza la acusación popular en la causa, para lo que tendrá que depositar una fianza de 10.000 euros.

En la querella de la Fiscalía se menciona una propuesta de resolución que el 22 de octubre de 2019 registraron Junts, ERC y la CUP contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación. También otra tramitada el mismo día y que «reiteraba la reprobación» al Rey después de que el TC había declarado inconstitucionales los apartados de otra resolución en el mismo sentido.