La imputación de Aguirre y Cifuentes azota al PP de Casado en pleno clima preelectoral

La resolución judicial es contundente. El juez del 'caso Púnica', que amplió de 42 a 71 la lista de investigados por la presunta existencia de una 'caja B' entre 2006 y 2012, está convencido de que Aguirre ocupó un «papel decisivo y esencial» en la financiación irregular del PP madrileño.

Junto a ella, que declarará acompañada de abogado el próximo 18 de octubre, también han sido encausados la expresidenta autonómica del PP Cristina Cifuentes (citada el 1 de octubre), los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela, el expresidente de Indra Javier Monzón o una alta cargo del ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso.

Por si acaso, la nueva presidenta madrileña dijo ayer que son «temas de hace más de dos legislaturas». Pero el problema para el PP no es ese, sino el momento en el que rebrotan. Si hay elecciones, la declaración de Aguirre en la Audiencia Nacional se producirá en plena precampaña y obligará a Casado a posicionarse.

En sus 85 páginas de resolución, Manuel García Castellón repasa los indicios que sustentarían la financiación «opaca y fraudulenta» de los populares madrileños. Una actividad ilícita que repercutió en las campañas autonómicas de 2007 y 2011, en las que venció Aguirre por mayoría absoluta, y en las generales de 2008. La investigación judicial revela que el partido dirigido por la ahora encausada «soslayó sistemáticamente el límite de gasto electoral» y «ocultó» a la Cámara de Cuentas regional y al Tribunal de Cuentas «el verdadero coste de estas campañas y su financiación».

El juez le da a Aguirre un papel vertebral, hasta el punto de que sospecha que «ideó la búsqueda de recursos» para costear las campañas que ella elegía, «y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». Es decir, que tenía un «control directo» sobre cualquier toma decisión al respecto.

En este grupo de afines estaban, como no, los investigados Ignacio González, el dimitido expresidente madrileño tras su detención en el 'caso Lezo'; Francisco Granados, el exviceconsejero y 'número dos' del PP de Madrid con Aguirre; y Beltrán Gutiérrez, el tesorero regional. En un segundo peldaño estarían el exconsejero Alberto López Viejo, condenado en el 'caso Gürtel'; la exdirectora general de Medios Isabel Gallego; y el citado Manuel Lamela.

Todos ellos formaron parte de reuniones en 2003 y 2004 en las que se habrían dado instrucciones para que se contara con el empresario Daniel Mercado y su mercantil Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad. Este «plan preconcebido» consiguió desviar entre 2006 y 2010 un flujo importante de fondos de diversas consejerías.

Estos organismos adjudicaron contratos «amañados» de publicidad a las mercantiles de Daniel Mercado. Pero estos trabajos disimulaban en parte el verdadero objeto: recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP de Madrid. Entre 2006 y 2008 se dieron contratos públicos al entramado societario por más de cinco millones de euros. Del mismo modo, se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos (construcción de obras) para introducir una cláusula en los pliegos que obligaba a los contratistas a abonar hasta un 1% del presupuesto para la contratación de publicidad.

En el caso de Cristina Cifuentes, los indicios se centran en un presunto beneficio a Arturo Fernández (dueño del Grupo Cantoblanco y exvicepresidente de los empresarios madrileños) mediante la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid a cambio de financiar al partido regional. En concreto, dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP.