«Es imprescindible que la amnistía tenga el consenso del Gobierno y la oposición»

- ¿Es constitucional la amnistía?

- Es una cuestión extraordinariamente compleja desde una perspectiva política y también en términos jurídicos. La Constitución no dice nada sobre la amnistía y, por lo tanto, no la prohíbe expresamente. Pero hay que recordar que en los debates constituyentes se rechazó su incorporación al texto constitucional. Implica un salto cualititativo, ya que cancela los delitos perpetrados y elimina conductas que han merecido o pueden merecer la condena de los tribunales. Hacer borrón y cuenta nueva, eliminando por ley la responsabilidad penal suscita profundas dudas de constitucionalidad.

- ¿Pero podría tener encaje?

- Lograr su encaje exige una actitud reflexiva y ponderada. Pero, sobre todo, considero imprescindible que una ley de amnistía como la que se está planteando obtenga un nivel cualificado de consenso político en su aprobación en el Parlamento. Una medida tan trascendente debe estar respaldada tanto por la mayoría que apoya al Gobierno, el que sea, como por el principal partido de la oposición. Y, por supuesto, sus beneficiarios han de manifestar una actitud de lealtad y respeto institucional.

- ¿A qué deberían renunciar?

- No se trata de que los partidos independentistas renuncien a sus aspiraciones, sino a llevarlas a cabo recurriendo a la unilateralidad y quebrantando el ordenamiento jurídico.

- ¿Y el referéndum de autodeterminación?

- No tiene ningún encaje. El Tribunal Constitucional ya dejó claro con ocasión del plan Ibarretxe y en otras sentencias que las cuestiones relativas a la soberanía nacional se pueden abordar, pero a través de una reforma constitucional. Y además subrayó que no se discuten a nivel autonómico porque atañen a todos.

- ¿No puede el Gobierno impulsar una ley que luego sea avalada por el Constitucional y que dé luz verde a una consulta?

- Habría que ver qué tipo de ley, pero insisto, si tiene que ver con la soberanía nacional, el legislador no puede aceptarlo porque afecta al núcleo esencial del Estado sobre el que se basa la Constitución. Si se quiere cambiar, habrá que abrir los procesos correspondientes. De hecho, el Congreso rechazó la tramitación del plan Ibarretxe porque no se trataba de una reforma estatuaria, sino de la Constitución. Y otra cosa, si se iniciara ese proceso, al final claro que tendría que haber un referéndum, pero a nivel nacional. Es algo que no solo vale para España, el derecho comparado nos da las pautas a seguir.

- ¿A qué se refiere?

- Es algo que ya puso sobre la mesa el Tribunal Supremo canadiense en 1998. Si al final hubiera una iniciativa en la que un territorio, en este caso Quebec, expresase esa voluntad de hacer un referéndum, su validez dependería de la voluntad del pueblo de toda la federación.

- ¿Y tendría cabida la propuesta del lehendakari sobre una convención constitucional?

- Un elemento positivo de la inciativa es su apuesta por el respeto del marco vigente y su apelación al diálogo dentro del mismo para abrir nuevos espacios para la cuestión territorial. Pero es una propuesta muy en clave nacionalista. Tengo dudas de su recorrido jurídico.

- Más allá de las exigencias y los planteamientos de Urkullu y Puigdemont, ¿hay que darle una vuelta al Estado autonómico?

- Si. El Estado autonómico es una historia de éxito, pero tiene elementos a mejorar. El tema del Senado hay que abordarlo, a eso hay que sumar que hay foros de cooperación, pero sin encaje constitucional. Había propuestas para reformar el Estado autonómico, pero el 'procés' lo ha eclipsado todo.