Sánchez ordena endurecer la ley del 'solo sí es sí' y lleva al Gobierno de coalición al límite

El choque en el seno del Ejecutivo está servido y esta vez su dimensión es de gran calado porque Montero no es una ministra cualquiera, su peso en Podemos es muy significativo y la corrección, en contra de su criterio, de la que ha sido la norma estrella de su departamento puede llevar a la coalición del Gobierno a un escenario imprevisto. En el ala socialista del Ejecutivo no lo ocultan y aun así están dispuestos a pagar el precio. «Las consecuencia políticas están medidas», afirman.

La posibilidad de reformar la ley estaba sobre la mesa desde que, hace ya dos meses, se inició un goteo de revisiones a la baja de las condenas impuestas a agresores sexuales en aplicación de la nueva norma. Unas rebajas que superan ya los 338 casos, con más de una veintena de excarcelaciones, y que la ministra de Igualdad siempre afirmó que no se producirían. En el PSOE las voces de ministros y cuadros que expresaron su preocupación ante la alarma social y las consecuencias electorales que a pocos meses de los comicios autonómicos y municipales de mayo se podían generar han sido cuantiosas, pero el presidente del Gobierno trató de apaciguarlas con una patada hacia adelante al balón en pro de la paz entre los socios del Gobierno.

Ahora, sin embargo, Sánchez está convencido de que la oposición a la reforma se circunscribe prácticamente en solitario a Montero y a la líder de Podemos, Ione Belarra, pero que no es compartida ni por el grueso de sus aliados en el Congreso ni tan siquiera en el espacio que los morados comparten con otras fuerzas. Izquierda Unida ya ha dicho públicamente que tocar la ley podría ser «oportuno» y fuentes gubernamentales aseguran que el asunto está ya hablado con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Tampoco es baladí que personas con tanto ascendente como la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena se hayan mostrado partidarias de la corrección.

Unos y otros son plenamente conscientes de que cambiar la ley no servirá ya para evitar que se sigan produciendo revisiones en función del principio de retroactividad de la norma penal más beneficiosa para el reo. Pero los socialistas entienden, por un lado, que es necesario mandar un mensaje político a las mujeres y, por otro, que hay que ir a un endurecimiento de penas aplicables a quienes puedan cometer agresiones en un futuro. La iniciativa de la que parte el PSOE, planteada por el Ministerio de Justicia, apuntaría en esa dirección.

Desde Podemos, por su parte, dan un portazo a este plan, que pasa por endurecer los delitos más graves, los que contengan el elemento de la violencia o intimidación. Los morados consideran que esto supondría «un retroceso», una vuelta a la anterior legislación y que dejaría el consentimiento en un segundo plano frente a la necesidad de que las víctimas «tuvieran que demostrar, como sucedía antes, si se resistieron o no a la violación», explican fuentes de Igualdad a este periódico. Entienden, además, que la hoja de ruta socialista tendría como consecuencia volver a la distinción entre abuso y agresión. Una reforma similar a la propuesta registrada por el PP, que ya ha ofrecido al Gobierno los votos de sus diputados para cambiar la norma «mañana mismo».

Desde Igualdad aseguran haber planteado tres alternativas distintas de reforma del Código Penal al Ejecutivo, aunque siempre con la convicción de que ningún cambio frenará el goteo de rebajas de penas. Estas se basan en contemplar una subida de algunas penas mínimas, sobre todo en los casos en los que están involucrados menores. Sin embargo, ninguna de ellas habría contado con el visto bueno de Sánchez, que respalda la senda marcada por Justicia, la única que los socialistas, denuncian los morados, han puesto sobre la mesa durante las negociaciones mantenidas a lo largo de estos dos meses.

Este lunes, tanto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, trataron de limar asperezas y aseguraron que la reforma mantendría el consentimiento en el «corazón de la ley», un claro guiño a Irene Montero, que había usado exactamente la misma expresión este domingo, 24 horas después de que todo saltara por los aires.

Pero en la formación de Ione Belarra mantienen los recelos. «Si tenemos que hacer una reforma del Código Penal, por favor que mantenga el consentimiento», respondía a sus socios la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'. La dirigente de los morados niega que su formación se haya atrincherado y asegura que seguirán negociando con los socialistas. Pero la brecha abierta amenaza con una ruptura de la coalición y en Podemos empiezan a asumir que tendrán que ceder.