Iglesias canta victoria por la alianza presupuestaria con ERC y Bildu

«Lo que estamos viendo refuerza el Gobierno de coalición y refuerza una dirección de Estado progresista, que es lo que nosotros modestamente hemos buscado», se felicitó el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales apenas unas horas antes de que Inés Arrimadas hiciera pública una decisión que era ya un secreto a voces. Su estrategia ha tenido éxito para preocupación de presidentes autonómicos socialistas como el extremeño Guillermo Fernández-Vara, el castellano-manchego Emiliano García Page o el aragonés Javier Lambán. Y también para la de los antaño poderosos Felipe González y Alfonso Guerra.

En la Moncloa sostienen que no renunciarán a sellar acuerdos con Ciudadanos en lo que queda de legislatura. Los socialistas siempre consideraron que, independientemente de cuál fuera su posición final, les convenía mantener viva la negociación presupuestaria con los liberales para evitar que los independentistas subieran el precio de su apoyo ante la falta de alternativa. Y ese principio sigue siendo válido para el futuro. Sin embargo, hoy por hoy la gobernabilidad reposa sobre partidos con proyectos soberanistas e ideológicamente situados a la izquierda del PSOE.

Iglesias, ufano, dejó caer también que no ve ningún motivo para corregir el modo en el que se relaciona con su socio de la coalición y que tanta incomodidad genera a muchos ministros porque le ha funcionado. En su opinión, la «tensión» entre los dos partidos del Gobierno, que lejos de esconder a él le gusta evidenciar, es una «ventaja». «A veces las discrepancias conllevan medidas positivas para la gente y creo que esto es algo que hay que poner en valor», dijo.

En las últimas semanas, Podemos ha hecho públicas sus diferencias con el PSOE por asuntos como la regulación del precio de los alquileres en zonas «tensionadas» (y consiguió un compromiso para que se apruebe a principios del próximo año); la composición del órgano del Gobierno encargado de gestionar los fondos europeos para la recuperación (y logró que se le incluyera en él) o el alcance de la vigente prohibición de los desahucios a personas vulnerables. Hoy anunció que en no más de dos semanas habrá nuevas medidas.

El líder de Podemos fue mucho más lejos que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el realmente competente en la materia. El también secretario de Organización del PSOE eludió, de hecho, hablar de plazos y se limitó a explicar que su intención es llegar a una solución que cubra también a personas en situación de vulnerabilidad ya antes de la pandemia, que dure todo el estado de alarma y no solo hasta el 31 de enero como el actual decreto, y que implique también a ayuntamientos y a comunidades autónomas. A los primeros para que acrediten, a través de sus servicios sociales, la falta de recursos de los afectados, y a las segundas porque son quienes pueden ofrecer vivienda social en caso de desahucio.