El expresidente del Tribunal Superior compara las críticas a las sentencias sobre el euskera «a las campañas del MLNV»

Ibarra, que fue sustituido el año pasado al frente del TSJPV por Iñaki Subijana, aprovechó su intervención en un acto de la Fundación Buesa para defender a sus compañeros magistrados y lamentar las acusaciones de que se está produciendo una «ofensiva judicial contra el euskera».

Con la libertad de no estar al frente de la institución, en la que siempre apostó por un discurso moderado, el expresidente del Superior vasco no ocultó su malestar con el Gobierno vasco y con el acto convocado el pasado 13 de julio frente a la sede del TSJPV en Bilbao. Una convocatoria en la que, recordó, «71 alcaldes electos por las formaciones políticas de PNV y EH Bildu se congregaban, makilas de mando en alto» para lanzar duros ataques contra el Poder Judicial.

Una «movilización social» encabezada por los alcaldes de Bilbao y San Sebastián, Juan Mari Aburto y Eneko Goia, y promovida desde un «prejuicio» en el que se detectaba «el eco sostenido y específico del discurso de deslegitimación social que la cultura de la violencia política dirigió durante más de una década contra la judicatura ejerciente en los órganos jurisdiccionales del País Vasco».

Ibarra habló sobre todo de lo sucedido entre 1996 y 2001. No son dos fechas elegidas al azar. El 14 de febrero del primer año, ETA mataba al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. El 7 de noviembre de 2001 corría la misma suerte José María Lidón, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

«Los jueces españoles»

Y, para el expresidente de los jueces vascos, aquel contexto de «campañas lideradas por el MLNV» no es muy diferente al que se vive hoy en día. Porque, en su opinión, lo que se está poniendo sobre la mesa es un relato «vinculado a la mitología» de la izquierda abertzale que se ha venido sustentando sobre tres «tópicos» que corren el peligro de «contaminar acríticamente el lenguaje político del nacionalismo democrático». El primero, «que estos jueces no son nuestros jueces»; el segundo, que «la legalidad la conceden los pueblos y no los Estados»; y el tercero, «expresamente referido al euskera, en la que se sostuvo que no podemos defendernos ante jueces que no emplean o no conocen nuestra lengua, de donde se concluía que los jueces españoles no están capacitados para juzgarnos».

En una intervención en la que gran parte de sus críticas fueron dirigidas a Kontseilua, la entidad que ha encabezado gran parte de las protestas, Ibarra fue desgranando una a una las sentencias que han sido puestas bajo la lupa. Y su «examen», recalcó, «muestra de manera palmaria la gratuidad de la afirmación de una 'ofensiva judicial' y desvela el estricto objetivo de deslegitimación de la judicatura ejerciente en el País Vasco que anima a sus promotores».

Y, en un claro mensaje al PNV, Ibarra reclamó a las formaciones políticas democráticas que «los ecos reelaborados de los mitos de aquel pasado de violencia no interfieran el diálogo social».