El horizonte procesal de Puigdemont

Para evitar correr el riesgo de que los jueces belgas rechacen nuevamente la entrega, el juez Llarena, con buen criterio, decidió -también ayer- plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) instándole a que se pronuncie sobre cuál es la interpretación correcta -conforme con el Derecho europeo- de la euroorden, precisando en qué casos puede ser rechazada y en cuáles no. La interpretación que viene haciendo la Justicia belga carece de toda lógica, pero es necesario un pronunciamiento del TJUE para desautorizarla expresamente y obligarle a colaborar con la justicia española. Ahora bien, el planteamiento de la cuestión prejudicial paraliza de nuevo la euroorden. El juez Llanera no la va a reactivar, ni los jueces belgas a examinar hasta que el supremo Tribunal de la Unión Europea resuelva la cuestión y fije una doctrina vinculante para todos los jueces. Y esto puede tardar más de un año. Cuando el TJUE resuelva la cuestión, el juez Llarena emitirá una nueva euroorden y la Justicia belga tendrá que entregar, finalmente, a los fugitivos.

En este contexto, para nuestro Estado de Derecho -y para el Poder Judicial que lo garantiza- la votación de ayer en Bruselas es un respaldo importantísimo. Diputados de las tres grandes familias políticas democráticas (conservadores, socialistas y liberales) confirmaron que Puigdemont, Comín y Posantí no sufren ningún tipo de persecución política; y que la Justicia española ante la que aquellos han de responder es plenamente garantista.