Históricos socialistas vascos firman la petición para que Griñán eluda la cárcel

Era marzo. El 26 de julio, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 2019 por la que se le condenaba a seis años de prisión e inhabilitación especial por malversación y prevaricación por el caso de corrupción de los ERE, cuya factura para las arcas públicas fue de 680 millones entre los años 2000 y 2009. También fue condenado el expresidente Manuel Chaves, pero no a penas de prisión.

¿Entrará Griñán? La familia, a título personal, se ha movido con gran celeridad para evitarlo y ha presentado ante el Ministerio de Justicia (lo hizo el 1 de septiembre) una petición de «indulto parcial particular» que ha sido avalada por un listado superior a las 3.000 firmas, entre las que se encuentran personalidades de todos los ámbitos pero cuyas identidades no han trascendido por expreso deseo de la familia. Sí se conoce que los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han sido dos de los abanderados de un documento que, según ha podido saber EL CORREO de fuentes de toda solvencia, ha sido avalado por históricos socialistas vascos, entre los que destacan Ramón Jáuregui, Javier Rojo, Eduardo Madina, Jesús Eguiguren o Rodolfo Ares.

Los solicitantes del indulto son la esposa de Griñán, María Teresa Caravaca, y su hijo Manuel, que publicaron un comunicado para aclarar que la petición «está alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial» y está basada «expresamente en razones de humanidad y equidad». Lo hacen, aseguran, por las «circunstancias personales y excepcionales de un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad y el estado de bienestar, además de por un profundo respeto a las instituciones del Estado».

El documento, desvelado en agosto por 'El Confidencial', consta de 11 folios y fue presentado ante el Ministerio de Justicia el 1 de septiembre. Además de detallar los fundamentos jurídicos, adjuntar información fiscal y patrimonial para evidenciar que «no ha habido enriquecimiento personal» y recordar su prolija trayectoria pública (se detallan hasta 15 cargos que ha ocupado), la familia incorpora el largo listado de firmantes que avalan la petición.

Dos de sus principales promotores son los exministros José Bono y Rosa Conde y entre los firmantes también destaca el exvicepresidente Alfonso Guerra. El 'felipismo' se ha volcado. Para muestra, estas palabras del expresidente, que se ha implicado teléfono en mano para recabar apoyos: «Quiero manifestar que si pudiera designarlo hoy para formar parte de un Gobierno de España que yo presidiera, lo volvería a hacer».

Así como los grandes 'ex' socialistas han suscrito la petición, la realidad es bien diferente en lo referido a los dirigentes con cargos en vigor. La consigna del partido ha sido evitarlo a toda costa y salvo excepciones como la de la expresidenta andaluza y actual senadora, Susana Díaz, todos la han seguido a rajatabla. Y lo han hecho, como explicó el actual jefe de la oposición en la Junta, Juan Espadas, porque el artículo 8.1 del código ético del PSOE (en vigor desde 2014) impide a los cargos públicos socialistas proponer o apoyar indultos por casos de corrupción.

Eso no significa, sin embargo, que no crean en la inocencia de Griñán. El relato del Gobierno y de Ferraz consta de dos ideas-fuerza. La primera, que de los cinco magistrados, dos no avalan el fallo. Y la segunda, que no ha habido enriquecimiento personal.

Lo dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, tras recordar que tanto Griñán como Chaves ya dejaron la disciplina del partido, recalcó que «no han sido condenados, ni siquiera acusados, de haberse lucrado, de haberse llevado un céntimo de euro ni de haber financiado irregularmente a organizaciones políticas».

¿Pero le indultará? Es la gran pregunta para la que no hay respuesta, pero como recuerdan destacados líderes socialistas, «tendría muy difícil negarse» atendiendo a los precedentes con los promotores del 'procés'.