Históricos exdirigentes del PSOE exigen a Sánchez «replantear» la ley de Memoria pactada con Bildu

Adolfo Lorente

Lunes, 11 de julio 2022, 13:31 | Actualizado 19:47h.

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Las voces críticas dentro del PSOE se conjugaban en singular y llevaba el nombre del de casi siempre: Emiliano García-Page. El presidente de Castilla La Mancha advirtió este lunes de que pactar la Ley de Memoria Democrática con «una mayoría de circunstancias» en la que «además está Bildu» es un error. Su voz, como casi siempre, fue un verso suelto. Quien también había hablado era Felipe González. Admitió que no lo había leído, pero sí lanzó un aviso a navegantes: «Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien».

El eco, sin embargo, ha llegado a sólo unas horas del inicio del debate del estado de la nación en forma de un duro manifiesto impulsado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (ADVT). Está abanderado por históricos del PSOE, desde los expresidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda, a los exministros de Felipe González Julián García Vargas, Julián García Valverde o Javier Sáenz de Cosculluela, para «exigir» al Gobierno de Pedro Sánchez que el jueves no apruebe el proyecto de ley pactado, entre otros grupos, con Bildu, que ha logrado un enorme protagonismo al conseguir se amplíe de 1978 al 31 de diciembre de 1983 el periodo para investigar vulneraciones de derechos humanos.

Entre los firmantes también está el expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, el exalcalde de La Coruña y exembajador ante el Vaticano, Francisco Vázquez, el ex secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso José María Mohedano, los exdiputados de UCD y del PSOE Luis Berenguer y Carmela García More, y el actual director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas. Fuera de la órbita partidista, también destaca la presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, o la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes.

«No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica», remarcan los 150 firmantes, entre los que hay políticos e intelectuales de diverso espectro ideológico. «No aceptamos que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas», remarcan. Y si no le gusta el qué, menos aún el quién: «Nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas».

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La izquierda abertzale lleva días vanagloriándose de haber arrancado al Gobierno de coalición que puedan investigarse los GAL durante el primer año de mandato de Felipe González (llegó a Moncloa en octubre de 1982) y casos simbólicos como el de Lasa y Zabala. Su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró que «el franquismo no terminó en 1978».

Sin embargo, en las filas socialistas y en el Ejecutivo lo niegan de forma tajante. En declaraciones a EL CORREO, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, precisó que la aplicación general de la ley es hasta 1978 y que la prolongación de un lustro pretende exclusivamente reparar a «personas defensoras de los valores democráticos», lo que en ningún caso incluiría a terroristas. «ETA es precisamente el único vestigio que quedó después del franquismo, los únicos que se quedaron anclados en la dictadura», abundó Itxaso.

Esta visión, sin embargo, no es mi mucho menos compartida por los firmantes del manifiesto. Tras recalcar que apoyan y respaldan la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, «así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición», recuerdan que «la reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución».

«Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia». Y lo hacen, critican, porque se «pretende establecer una 'verdad oficial', amparada en lo que se configura como un 'deber de memoria democrática', que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España».