Hacienda abrió un expediente a la denunciante del 'caso De Miguel' 3 días antes de ratificar sus acusaciones en el juicio

La apertura de la inspección fiscal a Alberdi a escasas 72 horas de su declaración judicial ha sido tratada hoy en la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia. Ha sido Xabier Benito, representante de Elkarrekin Podemos-IU, el que ha pedido la comparecencia del diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, para que ofrezca explicaciones sobre este asunto. El juntero se ha preguntado «cuál es la probabilidad» de que se comunique una investigación fiscal en una «fecha tan desafortunada».

Iruarrizaga, como siempre que se le pregunta por expedientes concretos, ha insistido en que la ley no le permite ofrecer información fiscal de contribuyentes concretos. Sin embargo, sí explicó el «detallado» procedimiento que da pie a la apertura de una inspección tributaria. El diputado ha subrayado que se abren expedientes cuando se detectan «indicios» de que un contribuyente no está declarando todo lo que debe. A partir de ese momento, se inicia una investigación preliminar en la que participan al menos «cuatro funcionarios». En este sentido, ha destacado que la inspección como tal sólo se hace cuando los trabajadores públicos con conocimiento del expediente ratifican la existencia de indicios de fraude.

Siempre expresándose en términos generales, Iruarrizaga ha añadido que la investigación recae entonces en otros funcionarios. Además, ha recalcado que el procedimiento ha podido desarrollarse durante «meses» antes de que a una persona le llegue una carta anunciando la apertura de una inspección. Es decir, que no hay alguien que decida cuándo se envía una misiva de estas características. El diputado ha insistido en que se trata de un procedimiento «muy tasado» y que se desarrolla «con mucha objetividad» por parte los funcionarios, sobre los que no existe «sombra de duda». Por último, ha manifestado que no puede hablar de cómo acabó el expediente y con qué resultados. Aunque el juicio se desarrolló en 2018, la abogada bilbaína había acudido a la Fiscalía en 2009.

Fuentes del entorno de Alberdi han confirmado la existencia de esta comunicación tres días antes de su citación judicial. Los mismos medios explican que también le pidieron que presentase en el plazo de un mes documentación de los últimos cuatro años. En ese momento, además, su declaración estaba programada para desarrollarse durante tres jornadas completas. Esta investigación terminó con una «regularización fiscal», añaden las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que la declaración de Ainhoa Alberdi –y las pruebas que aportó– fue uno de los pilares sobre los que se asentó la condena del Supremo a los exdirigentes del PNV alavés. El alto tribunal, que ratificó a grandes rasgos la condena previa de la Audiencia de Álava, estableció el pasado enero una pena de 12 años y 4 meses de cárcel para el cabecilla de la trama, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, quien en todo caso cumplirá un máximo de 9 años en prisión. A Koldo Ochandiano se le impusieron 7 años y medio, mientras que a Aitor Tellería se le condenó a 5 años y un mes. Todos ellos se aprovecharon de «la gran influencia» de sus cargos políticos para enriquecerse –cobraban comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos– y deberán ingresar en prisión, algo que todavía no han hecho.